A un año y dos meses, alrededor de 30 personas desplazadas de la comunidad de Napité, municipio de San Cristóbal de Las Casas, retornarán el próximo 15 de diciembre, aseguró el apoderado legal de Alas de Águila, Esdras Alonso González.

En entrevista indicó que las autoridades del ayuntamiento y de la comunidad llegaron a un acuerdo para que puedan retornar, " un poco restringidos en cuanto a sus derechos, pero hay que reconocer el interés del ayuntamiento para resolver este asunto, lo cual es un avance porque no se quedarán a vivir en San Cristóbal".

Agregó que se espera que el retorno sea seguro, pacífico y se respeten sus derechos, " dentro de los acuerdos les prohíben entrar al templo, pero por lo menos que profesen su fe dentro de sus casas".

Destacó que son 30 personas que integran las 5 familias desplazadas quienes se encontraban  viviendo en el barrio del Santuario. " En el mes de octubre del 2019  estaban cel

El Ayuntamiento Municipal de Chalchihuitán reprobó las acciones de 200 tzotziles desplazados del 2019 que mantienen tomada la caseta de cobro San Cristóbal- Chiapa de Corzo, afirmando que el problema es un asunto interno de la comunidad de Canteal, Canech y Joltealal.

La autoridad detalló que se trata de un grupo de personas que han violentado los acuerdos tomados en asamblea, presentando inconsistencia en la participación de labores comunitarias razón por la que los comuneros han aplicado sanciones y multas de acuerdo a sus usos y costumbres.

Especificó que la Familia Rodriguez originarios de Canteal, fue expulsada "Florentino Rodríguez, fungía como policía municipal(Mayol) y prestó servicio de seguridad a las autoridades pasadas encabezada por Margarita Diaz García y Hermelindo García Núñez, al enterarse los habitantes de la comunidad Canteal, lo mandaron a citar en varias ocasiones para que pudiera seguir como policía Mayol, pero no hizo caso y, amenazó a varias personas y autoridades de Canteal en el 2019".

Por esto, dijeron que el acuerdo final determinado mediante una acta de asamblea es desconocerlos de la comunidad por el incumplimiento de obligaciones y colaboración comunitaria. Así también, fueron desconocidas las Familias de la comunidad Joltealal, quienes defendieron el liderazgo de los ex funcionarios “corruptos” .

Finamente indicaron “es importante mencionar que todas estas personas quienes se autodenominan desplazados, siguen viviendo en sus casas y siguen trabajando sus terrenos y tierras.
Cada uno de ellos deben de hacer la labor de convencer a los habitantes de sus comunidades y pedirles perdón por todo lo que han hecho y reconocer el error que han cometido. Ya que ni eso quieren hacer”.

Desplazados del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó, acompañados de autoridades estatales, y  municipales, realizaron un peritaje de los daños ocasionados por caciques del poblado.

Indicaron que uno de los acuerdos que pactaron entre las autoridades y desplazados, fue primeramente levantar un peritaje de los daños, para poder exigir el pago del mismo, “primeramente se tiene que realizar un peritaje del daño a las viviendas y así poder integrarlo a las carpetas de investigación, y luego exigir el pago de daños”.

“Los compañeros desplazados que entraron al Ejido Puebla municipio de Chenalhó, fue una comisión de 6 personas que fueron a señalar sus viviendas y sus parcelas, acompañados por peritos de la Fiscalía General del Estado para que se puedan hacer los avalúos de los daños, así como de las pérdidas de cosechas”, señaló el abogado Diego Cadenas.

Agregó que el recorrido en el Ejido transcurrió en paz, únicamente fueron dos peritos de la Fiscalía de Justicia Indígena, escoltados por elementos de la Policía Estatal, así como la presencia del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y funcionarios de la Secretaría General de Gobierno y del municipio.

Finalmente, externó que las actividades continuarán hasta terminar con el peritaje correspondiente, “ahora le toca el peritaje a las propiedades (sus milpas, sus cosechas), el objetivo es integrar estos peritajes a las carpetas de investigación correspondiente y estar en condiciones de exigir una reparación integral de los daños”.