Las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, negaron el ingreso a Patricia Aracil Santos, coordinadora de la colectiva Cereza, bajo el argumento de que su labor en defensa de los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad representa un riesgo para el orden del penal. Incluso, fue señalada como presunta organizadora de un posible motín, acusación que la activista calificó como difamatoria.
En entrevista, Aracil Santos expresó su desconcierto por las imputaciones del Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas y recordó que la colectiva Cereza ha acompañado por más de 15 años a mujeres en reclusión, brindándoles apoyo jurídico y psicológico.
“Es preocupante que se criminalice la labor de defensa de derechos humanos y que se intente desacreditar a quienes hemos trabajado con respeto y compromiso por tanto tiempo”, subrayó.
La defensora también denunció condiciones precarias dentro del CERRS No. 5, como la implementación de medidas restrictivas propias de penales federales, limitación de visitas familiares, hacinamiento, carencia de atención médica constante y mala calidad de los alimentos suministrados.
Ante esta situación, diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su respaldo a la activista. Tanto la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México como Amnistía Internacional, condenaron las declaraciones del funcionario estatal y exigieron respeto a la labor de defensa de derechos humanos, así como el cese de toda forma de criminalización.
Mientras se esclarecen los señalamientos, la colectiva Cereza reiteró su compromiso con la defensa de las mujeres en situación de reclusión y llamó a las autoridades a garantizar condiciones dignas y un trato justo en los centros penitenciarios del estado.
