Queman casas de desplazados de Chalchihuitán, acusan al síndico municipal

“Avanzan las acciones en el municipio de Chalchihuitán en contra de los miles de desplazados, esa injusticia de los gobernantes del municipio es dirigido por el síndico municipal Hermelindo García Núñez con la aprobación de la presidenta municipal Margarita Díaz García”, informó Marcos Pérez Gómez, vocero de los desplazados.

Denunció que nuevamente autoridades y caciques de Chalchihuitán.m les destruyeron casas a diez familias desplazadas que se encuentran viviendo en campamentos.

“Nuestros compañeros fueron expulsados de sus propias comunidades desde hace mucho tiempo, por ser desplazados les destruyeron sus casas y quemaron lo que encontraron dentro de las viviendas de los desplazados, esta acción ha sido planeada por el síndico municipal en forma secreta con sus caciques de las comunidades, diciendo a su gente que deben decir que es usos y costumbres, que que es un acuerdo de la asamblea de la comunidad”, aseveró.

Así también recordó que en diciembre de 2018 comenzó la persecución encabezada por el actual síndico municipal Hermelindo García Núñez; “el síndico decía que los desplazados no tendrán derecho a obras sociales; que cada comunidad vea y determine que castigo les deben dar a los desplazados, podría ser cárcel y multa, así empezó a incitar a las comunidades en contra de los desplazados”.

Ante estos hechos se presentaron en la Fiscalía de Justicia Indígena a denunciar, "de repente ahí apareció el síndico y el fiscal, ahí aprovechó para hablar sobre este tema y nos metió a su oficina, pero el síndico manifestó que no sabe nada de la quema de casas y pertenencias de los desplazados”.

Manifestó que los campamentos de los desplazados son; k'analumtik, Jolk'ante'tik, Ch'enmut, Xixibtontik, Cruztón, Cruz K'ak'alnam, Barrio Pom, Vololch'ojon, Tulantik y P'ejelton; “en este último paraje los caciques vendieron 11 rotoplas y 12 comales para hacer totillas propiedad de los desplazados, y se repartieron el dinero por cada habitante del paraje, rotoplas y comales que había obsequiado la organización Cárita".

Finalmente Pérez Gómez agregó que la Policía Estatal Preventiva, la Policía Especializada, así como un ministerio público de la Fiscalía de Justicia Indígena acudieron al lugar para levantar un peritaje de los daños ocasionados, un censo de los afectados y se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.