La mañana de este jueves, integrantes de la Colectiva Cereza, se manifestaron a las afueras de Palacio de Justicia en San Cristóbal de Las Casas, por el feminicidio de la niña Liliana Guadalupe, quien fue víctima de la negligencia y falta de acción por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa, indicaron que durante cinco días, la FGE no activó los protocolos de búsqueda inmediata, como el uso de cámaras del C4 o el rastreo de datos telefónicos, acciones que pudieron haber salvado la vida de la menor en las primeras 24 horas.

"A pesar de contar con herramientas legales como el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que les permite realizar investigaciones urgentes, la Fiscalía tardó en actuar, lo que resultó en la huida del feminicida", aseguraron.

Destacaron que el colectivo Madres en Resistencia ha denunciado estas omisiones y ha acompañado a la familia de Liliana Guadalupe en su búsqueda. "Durante los días, la familia colocó carteles y rastreó posibles ubicaciones, mientras las autoridades se mostraban desinteresadas en ayudar".

Mencionaron que la Fiscalía llevó a cabo un cateo, pero para entonces, el peligroso responsable ya se había escapado. "Este caso refleja la falta de compromiso de las autoridades para proteger a las mujeres. La indignación también se extiende a otros casos de injusticia en Chiapas, donde se acusa a la FGE de fabricar pruebas en contra de personas inocentes, muchas de ellas indígenas".

Agregaron que en el caso de Juana y Ernesto, se han presentado pruebas falsas y violaciones a los derechos humanos, incluyendo entrevistas manipuladas a sus hijos adolescentes, quienes fueron amenazados por la Fiscalía para declarar en su contra. "Este modus operandi de construir casos con pruebas ilegales y prejuicios raciales es una constante en los procesos judiciales de la región".

Denunciaron que el sistema de justicia en Chiapas enfrenta una creciente presión social por cambios radicales. "La corrupción, las alianzas entre fiscales y jueces y las violaciones a los derechos humanos en los procedimientos judiciales son temas urgentes que deben abordarse. Las recientes audiencias relacionadas con el caso de Juana y Ernesto han sido diferidas debido a la presión pública, lo que genera esperanzas de que se logre una revisión justa de los casos planteados".

Finalmente la colectiva Cereza, dijo que La falta de transparencia y la impunidad en estos casos han dejado un amargo sabor en las familias afectadas y en las organizaciones que luchan por la justicia. "Las autoridades deben rendir cuentas por su negligencia y garantizar que las víctimas y sus familias reciban un trato digno y justo. El futuro de la justicia en Chiapas depende de que se tomen acciones contundentes contra la corrupción y el racismo que prevalece en el sistema penal".

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Integrantes de la organización del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FEDROC), se manifestaron la mañana de este jueves frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, para denunciar a un ministerio público a quien acusan de obstruir la acción de la justicia en contubernio con peritos de esta dependencia.

Así lo informó en conferencia de prensa Antonia Hernández Mendoza, madre de una menor que fue atropellada el mes de junio de 2024 sobre el boulevard Juan Sabines Gutiérrez, frente a las instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales en San Cristóbal (Sedem).

Indicó que el responsable se dio a la fuga junto con su motocicleta y a pesar de que se presentó la denuncia en el ministerio público no hay avances de las investigaciones y pretenden darle carpetas.

"Estamos aquí para denunciar al ministerio público Remy de Jesús en contubernio con la perito Nayeli Guadalupe, implicados en probable cohecho al desaparecer pruebas del expediente 268/2024, en el que pretenden echarle la culpa a una víctima menor de edad para proteger a quien la atropelló con una motocicleta, desde el primer momento se ha solicitado el video de la cámara de seguridad que está a unos metros de las instalaciones de la Policía Municipal, hasta la fecha se han negado a proporcionarnos".

Agregó que a pesar de que existen evidencias y que la perito lleva 40 días de no presentarse a trabajar, urgió que se revisen las cámaras de seguridad o que les proporcionen una copia del expediente para ver cómo se inició la investigación.

Finalmente, dijo que el ministerio público pretende dar carpetazo al expediente, "ya se denunció ante el juez de control, por lo que pedimos una copia del expediente, por eso venimos aquí como integrante de la FEDROC para exigir justicia, vamos a seguir exigiendo justicia".

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Integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ.RC) Región Carranza y familiares de los dos desaparecidos Urberlaín Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, denunciaron enérgicamente la negligencia de la Fiscalía de Desaparición Forzada cometida por Particulares.

En conferencia de prensa realizada en el tramo carretero Venustiano Carranza- Pujiltic a la altura del Cascajal, dónde mantienen un bloqueo total, indicaron que hay demasiada tardanza para llevar cabo la geo localización de sus compañeros desaparecidos, ya que el día 10 de julio se presentó una comisión de la organización ante esta Fiscalía, donde les informaron que aún no han ejecutado las investigaciones.

Indicaron que desde la desaparición han realizado una jornada de lucha, además de haber interpuesto la denuncia correspondiente en la Fiscalía de Distrito de Atención Temprana, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en la Fiscalía contra la desaparición Forzada por Particulares.

Ante esta omisión de las autoridades pidieron a los organismos defensores de los Derechos Humanos Nacional e Internacional, al alto comisionado de las Naciones Unidas, la intervención inmediata ante el gobierno del estado de Chiapas y las autoridades correspondientes para la agilización de las investigaciones y la presentación con vida de sus compañeros.