*Incineran casi 600 kilos de cocaína; se refuerza la vigilancia en todos los puntos estratégicos de Chiapas

 La Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación Estatal Chiapas, en conjunto con personal de la Secretaría de la Marina, así como elementos del Órgano Interno de Control (OCI) y Policía Federal, incineró narcóticos y objetos del delito en Puerto Chiapas, Chiapas.

Lo incinerado consistió en 596 kilos 215 gramos 800 miligramos de Clorhidrato de Cocaína y 596 paquetes que en su interior contenían también Clorhidrato de Cocaína.

La diligencia ministerial dio cumplimiento a un oficio suscrito por el Ministerio Público de la Federación quién coordinó la destrucción de los objetos del delito, misma que se realizó en las instalaciones de la 14ª Zona Naval en Puerto Chiapas, Chiapas.

Con esta acción, la PGR dio cumplimiento a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, que prevé la destrucción del narcótico asegurado.

DURO GOLPE

En marzo, la efectiva acción del Ejército Mexicano, de la Marina y policías estatales permitió dar un duro golpe al crimen organizado en Chiapas, luego de que  elementos del Ejército Mexicano decomisaron cerca de una tonelada de droga en tres acciones distintas, dos en la zona Soconusco y uno más en la región Costa del estado.

El capitán Carlos López Alcalá encargado de Comunicación Social de la 36 Zona Militar con destacamento en Tapachula informó que el primer decomiso ocurrió en el puesto de revisión instalado en el municipio de Huixtla.

Elementos militares marcaron el alto a un camión cargado con chatarra, al realizar una revisión se encontraron 458 kilogramos de cocaína, que estaba oculta en paquetes. El conductor y su acompañante fueron detenidos.

En ese mismo puesto de revisión se decomisaron también 122 kilogramos de cocaína que estaba oculta en un camión que tenía como destino el estado de Oaxaca; tres personas originarias de Sinaloa y que viajaban en la unidad fueron detenidas.

El tercer decomiso ocurrió en el puesto de revisión de la comunidad de Ocuilapa, en el municipio de Tonalá. Elementos del Ejército Mexicano descubrieron 135 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 324 kilogramos los cuales estaban ocultos en una carga de 20 toneladas de mango que transportaba un tráiler.

El tracto camión viajaba de Suchiate a la Central de Abasto de la Ciudad de México; el conductor de la unidad fue detenido.

Los seis detenidos fueron llevados a la Subdelegación de Procedimientos Penales y puestos a disposición de un Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República.

Por su condición de frontera, cabe destacar que Chiapas es vulnerable para la comisión de delitos como el tráfico de estupefacientes y de personas. Sin embargo, tanto el Ejército como las policías locales prácticamente tienen blindada a esa parte de Chiapas para garantizar la seguridad de la población.-

A los maestros, sublime palabra de los mentores, en su día. Por la herencia del saber que constante apuntala a las generaciones.

Es siguientes es el COMUNICADO URGENTE, titulado: AGRESIÓN A PERIODISTAS EN GUERRERO, SOLIDARIDAD Y CONDENA

“La malsana impunidad propicia las continuas agresiones a los periodistas. Siete 
compañeros de medios locales, nacionales e internacionales fueron retenidos, agredidos y despojados de sus implementos de trabajo por 100 civiles armados en el norte del estado de Guerrero. El Gremio Periodístico Organizado de México, se solidariza con la condena general a la agresión contra la libertad de prensa y exige justicia pronta y expedita. 

En un país como México, donde los asesinatos, desapariciones forzadas y demás agresiones a periodistas no son investigados y quedan en la más malsana impunidad, puede ocurrir todo, y obvio, propiciar más y más agresiones como la ocurrida en contra de siete colegas en la zona norte del sureño estado de Guerrero.

Dos de los compañeros agredidos son del diario “La Jornada”, mismo que dio a conocer los condenables hechos del que tomamos la información: Siete periodistas de medios locales, nacionales e internacionales fueron interceptados la tarde de este sábado en un retén instalado en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del municipio de Acapetlahuaya, en la zona norte de Guerrero, por unos 100 civiles armados y encapuchados y visiblemente drogados que los despojaron de sus equipos de trabajo y pertenencias.

Sergio Ocampo y Jair Cabrera, corresponsal de La Jornada en Guerrero y reportero gráfico de esa casa editorial, respectivamente; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín -donde colaboramos-; Ángel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra, fueron retenidos por espacio de 15 minutos.

Los pistoleros, presuntamente pertenecientes a la organización delictiva La familia michoacana, despojaron a los reporteros de sus pertenencias, equipos de cómputo, cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como una camioneta Patriot (propiedad de Sergio Ocampo), todo valuado en cerca de un millón de pesos.

A Hans Máximo, uno de los civiles armados lo amagó con una pistola en la cabeza, y le advirtió: “si vemos que se detienen en el retén y dicen lo que les pasó, los vamos a comer vivos. Ahí tenemos halcones vigilando”. Después de sinfín de dificultades los comunicadores lograron llegar a Chilpancingo, capital del estado.

La Procuraduría General de la República, PGR; informó que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, FEADLE, atrajo el caso e inició las investigaciones.

El Gremio Periodístico Organizado de México: Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, se solidariza con los colegas agredidos, con sus medios y con la condena general a esta nueva agresión contra la libertad de prensa y expresión, en ese contexto, exige justicia pronta y expedita. 

UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE. Encabezan la lista de los dirigentes firmantes la Maestra, Consuelo EguíaTonella y el Licenciado, Pablo Rubén Villalobos Hernández, Presidenta del Consejo Directivo y Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de FAPERMEX, respectivamente.

(Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federaciónde Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios ycríticas en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

·         Pobladores de Chiapa de Corzo detuvieron al elemento que fue dejado en libertad tras haber depositado la cantidad de 6 mil pesos, pero su vehículo no le entregado, hasta que entregue el dinero faltante.

 Habitantes del poblado Nuevo Zinacantán, del municipio de Chiapa de Corzo, mantuvieron retenido por espacio de varias horas, a un elemento activo de la Policía Federal, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien supuestamente sorprendieron conduciendo su vehículo a exceso de velocidad, y por el que pidieron 10 mil pesos para ser dejado en libertad.

Extraoficialmente, trascendió que en las primeras horas de la madrugada de este domingo, el agente federal, al parecer de nombre Héctor Hugo Pérez, conducía un vehículo particular, presuntamente de su propiedad, a inmediaciones de la referida comunidad, distante a pocos kilómetros del retén de policía localizado en Chiapa de Corzo, motivo por el que los pobladores lo detuvieron.

Tras percatarse de que se trataba de un agente federal y a que supuestamente ponía en riesgo la integridad de los habitantes de aquella población, las autoridades locales determinaron exigir el cobro de 10 mil pesos para que fuera dejado en libertad.

Sin embargo, todo parece indicar que la superioridad de la PGR no intervino para rescatar al agente federal, toda vez que alrededor del mediodía, fue dejado en libertad tras haber depositado la cantidad de 6 mil pesos, pero su vehículo no le entregado, hasta que entregue el dinero faltante.