Los buenos oficios de la secretaria de gobierno y mediación, para generar acuerdos que permitan conciliar a las partes y desactivar posibles conflictos sociales, fue boicoteado por quienes usurpando funciones le apuestan a la quiebra financiera de la Caja Popular San Juan Bosco.

Lo anterior quedó de manifiesto este miércoles 13 de agosto, cuando ningún trabajador de la Cooperativa asistió a la mesa de diálogo que convocada por escrito y con anticipación por parte de la Subsecretaría de Gobierno, ninguneando además por escrito a la dependencia encargada de la gobernabilidad en el estado.

Rosa Elvira Flores Sánchez y Eleazar Eduardo Álvarez Hernández, sin acreditar la personalidad que ostentan, descalificaron la mediación de la Secretaría de Gobierno rechazando enérgicamente la invitación a la mesa de diálogo, argumentando que esta institución no tiene facultades legales para intervenir en esta clase de conflictos.

Así mismo reconocen la ilegalidad en la que se desempeñan los trabajadores por lo que recomiendan a la Secretaría de Gobierno se abstenga de hacer invitaciones a las sucursales de la Caja Popular “porqué en realidad, los encargados o el personal que labora en esas sucursales, carece de cualquier representación legal u orgánica de la Cooperativa”.

Cabe señalar que resulta por demás contradictoria esta postura, toda vez que el pasado 10 de julio, Rosa Elvira Flores, Manuel Maciel Mora, Francisco Darwin Trejo Recinos, Gabriel Humberto Juárez Flores y Armando Ramos Ballinas, solicitaron por escrito a la Fiscal de Distrito Altos Claudia Irene Constantino, instalar una “ mesa de diálogo por la paz “ con los representantes legales de la Caja Popular Enoc Hernández y Máximo Vera.

Es lamentable que los trabajadores pierdan la oportunidad de preservar su trabajo ante el desinterés manifestado el día de hoy para no asistir a la reunión convocada por la Secretaria de Gobierno para buscar alternativas de solución.

Las personas que que enviaron el escrito para reventar la mesa de diálogo, no fueron citados, sin embargo, dejan en claro que no permitieron que la información llegara a los trabajadores, coartando su derecho personal y humano.

Dichos usurpadores mencionan además, que los trabajadores no son legales y no pertenecen al organigrama institucional, reconociendo que, en las sucursales hay gente que no pertenece a la Cooperativa pero que están obteniendo un lucro indebido con los movimientos financieros que realizan con la manipulación clandestina del banco de datos de los socios ahorradores.

• El cadáver fue encontrado embolsado en las inmediaciones del centro de tapachula

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de tres presuntos responsables del delito de homicidio calificado, en agravio de una persona del sexo masculino, únicamente identificado con el alias de “El Patineta”, por hechos ocurridos en el municipio de Tapachula, el 15 de julio de este año.

Los mandamientos judiciales se cumplimentaron en contra de Julio “N”, alias “El 20”, vía reclusión, y Yeefry “N”, alias “El Yey”, ambos de nacionalidad hondureña, así como en contra de una persona menor de edad de identidad reservada.

De acuerdo con los hechos, los indiciados y la víctima iniciaron una discusión, y luego esta última fue golpeada hasta ser privada de la vida. Posteriormente, dejaron su cuerpo en una calle del centro de Tapachula.

Julio “N” y Yeefry “N” fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, mientras que el menor de edad es resguardado por la Fiscalía de Adolescentes, para determinar su situación jurídica.

Con acciones contundentes en contra de las personas generadoras de violencia, se procura la paz y seguridad del pueblo, con Cero Impunidad.

Luis García Villagrán, reconocido defensor de derechos de la población migrante y beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2019, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las organizaciones advierten que este acto se inserta en un patrón sistemático de represión en medio del endurecimiento global de las políticas migratorias.

Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatorías especiales de la ONU, han reiterado que los ataques contra personas defensoras no solo violan sus derechos fundamentales, sino que también debilitan su labor esencial y dejan en situación de mayor vulnerabilidad a las poblaciones que acompañan.

En un pronunciamiento conjunto, los firmantes exigieron que se respete el debido proceso y la integridad de García Villagrán. Además, criticaron las declaraciones emitidas durante la conferencia presidencial del 6 de agosto, las cuales, aseguran, vulneran el principio de presunción de inocencia.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados México, subrayan que la labor de defensa no debe ser criminalizada, sino reconocida como una pieza clave en la garantía de derechos y la justicia social.

El caso de García Villagrán se suma a una serie de hostigamientos documentados en Chiapas, lo que refleja una constante persecución contra quienes denuncian violaciones y acompañan a migrantes en su tránsito por México, particularmente en la frontera sur, donde se concentra una fuerte presión migratoria.

Frente a este panorama, las organizaciones nacionales e internacionales reiteraron su respaldo al defensor y llamaron a las autoridades mexicanas a cesar toda forma de criminalización, garantizar su seguridad y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo en favor de los derechos humanos.