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Niegan acceso a defensora de derechos humanos al CERSS 5

Las autoridades del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, negaron el ingreso a Patricia Aracil Santos, coordinadora de la colectiva Cereza, bajo el argumento de que su labor en defensa de los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad representa un riesgo para el orden del penal. Incluso, fue señalada como presunta organizadora de un posible motín, acusación que la activista calificó como difamatoria.
En entrevista, Aracil Santos expresó su desconcierto por las imputaciones del Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas y recordó que la colectiva Cereza ha acompañado por más de 15 años a mujeres en reclusión, brindándoles apoyo jurídico y psicológico.
“Es preocupante que se criminalice la labor de defensa de derechos humanos y que se intente desacreditar a quienes hemos trabajado con respeto y compromiso por tanto tiempo”, subrayó.
La defensora también denunció condiciones precarias dentro del CERRS No. 5, como la implementación de medidas restrictivas propias de penales federales, limitación de visitas familiares, hacinamiento, carencia de atención médica constante y mala calidad de los alimentos suministrados.
Ante esta situación, diversas organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su respaldo a la activista. Tanto la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México como Amnistía Internacional, condenaron las declaraciones del funcionario estatal y exigieron respeto a la labor de defensa de derechos humanos, así como el cese de toda forma de criminalización.
Mientras se esclarecen los señalamientos, la colectiva Cereza reiteró su compromiso con la defensa de las mujeres en situación de reclusión y llamó a las autoridades a garantizar condiciones dignas y un trato justo en los centros penitenciarios del estado.
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Se investiga el homicidio de Yudiel Flores y la actuación de autoridades penitenciarias: Jorge Llaven

• Hay dos líneas de investigación: una por amenazas de internos y otra por la comisión de delitos del hoy occiso contra menores de edad dentro del penal

• Se localizó un teléfono celular en su celda con imágenes de contenido sexual en agravio de menores de edad

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó los avances de la investigación por el homicidio de una persona privada de su libertad en el penal “El Amate”, ubicado en Cintalapa, quien este martes fue identificada por su hermano como Yudiel Flores Tovar. Agregó que, luego de la necropsia correspondiente, se determinó como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento, descartando el suicidio.

Explicó que, tras la noticia criminal mediante una llamada de la del área jurídica de dicho centro penitenciario, elementos del área de periciales y de investigación de la FGE, acudieron al penal y tuvieron a la vista a una persona del sexo masculino suspendida en una de las áreas; sin embargo, de acuerdo a las lesiones que presenta en el área del cuello, hubo un forcejeo, por lo cual es evidente que fue colocado en esa posición para tratar de desvirtuar los hechos.

El Fiscal General dio a conocer que se tiene dos líneas de investigación, una por posible venganza al interior del Amate, con un grupo de personas privadas de la libertad, que meses anteriores lo habían amenazado con lastimarlo por algunas rencillas personales.

Una segunda línea, detalló, es debido al hallazgo que se dio ayer al interior de la celda del hoy occiso, donde se encontró un equipo telefónico de su propiedad en el que, de acuerdo al dictamen tecnológico, se localizaron imágenes de contenido sexual donde seguía cometiendo actos delictivos, metiendo menores al interior de su celda y sosteniendo relaciones sexuales, es decir, cometiendo pederastia. 

Jorge Llaven señaló que se trabaja en la identificación de esos menores de edad, porque podrían ser hijos de otras personas privadas de la libertad al interior del penal, y podría haber sido una venganza de los papás. 

Es importante señalar que el occiso contaba con dos carpetas de investigación en Guatemala, con órdenes de aprehensión por delitos sexuales en agravio de menores de edad; asimismo, con una orden de aprehensión en Estados Unidos, es decir, había dos solicitudes de extradición, para que también fuera imputado y enfrentará a la justicia en estos países.

“Se están realizando desde el primer momento, todos los actos de investigación tendientes a esclarecer estos hechos y dar con él o los responsables de este homicidio, vamos a continuar con las investigaciones de este lamentable hecho y llegar hasta el fondo de la actuación de las autoridades penitenciarias; además, obteniendo información del contenido del teléfono, sabremos si hay más personas involucradas en esta red”, acotó.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, José Octavio García Macías, precisó que dicho equipo celular posee una gran cantidad de información en materia de pornografía infantil.

Las imágenes corresponden a las fechas de mayo del 2024, septiembre del 2024, agosto del 2024, entre otras, fueron tomadas en su celda y contienen escenas de los menores de edad que fueron ingresados.

En este sentido, recordó que el caso de Yudiel deriva de una solicitud de la noticia criminal que emite el FBI por una detención en Australia de una de las redes mundiales más importantes de pederastia, donde logran identificar al hoy occiso quien se hacía llamar “Deimon blue” o “Demonio azul”: “De allí surge la carpeta que termina en una sentencia de aproximadamente más de 67 años, aunada a una sentencia anterior por violación a un menor de edad con autismo, originario de San Cristóbal de Las Casas”.

#FGE

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Caso "Coyote": Entre el activismo, la controversia y una muerte que exige respuestas

La muerte de una persona dentro de un centro penitenciario siempre es motivo de preocupación. No solo por las condiciones en las que ocurre, sino por lo que revela sobre el funcionamiento del sistema penitenciario, la seguridad de los internos y, en este caso específico, por el perfil público del fallecido.

Yudiel, conocido en redes sociales como "El Coyote Consentido", fue una figura que generó polémica en distintos sectores sociales. Su presencia en plataformas digitales lo posicionó como una voz visible, aunque también como una figura controversial, acusada en múltiples ocasiones de ejercer violencia mediática, difamación y chantaje, bajo el argumento del activismo y la libertad de expresión.

A lo largo de su actividad pública, su estilo confrontativo, sus denuncias no verificadas y los señalamientos en su contra por actos ilícitos generaron tanto seguidores como detractores. Lo que es innegable es que su actuar dejó una huella significativa, y muchas veces dolorosa, en personas, familias y comunidades.

El marco legal que protege el ejercicio periodístico y la libertad de expresión no puede ser utilizado como escudo para dañar a terceros. Y este caso pone sobre la mesa una discusión urgente: la necesidad de regular de manera más clara y responsable la labor informativa en plataformas digitales, sin vulnerar derechos pero sí exigiendo ética, veracidad y responsabilidad social.

Hoy, su muerte dentro del penal debe ser investigada con rigor. No corresponde especular, sino exigir claridad. No es momento de construir mitos, sino de observar con atención todo el contexto. Si hubo omisiones, negligencias o irregularidades, deben esclarecerse.

Como medio, consideramos fundamental mantener una postura crítica pero respetuosa ante los hechos. La vida de cualquier persona merece respeto, y la búsqueda de justicia no puede nublarse por simpatías o antipatías personales.

Ni héroe ni villano. La historia de Yudiel es compleja, y su desenlace abre una conversación necesaria sobre los límites del discurso público, el rol de las instituciones y las consecuencias de nuestras acciones en una sociedad cada vez más expuesta y dividida.

 

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