·         Demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

 Un grupo de aproximadamente setenta habitantes del municipio de Venustiano Carranza iniciaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

Alfredo López Núñez, vocero de los inconformes informó que desde mayo del citado año un grupo paramilitar encabezado por José Vázquez Hernández, los amenazó de muerte sino abandonaban sus tierras. “No tuvimos otra opción y desde ese entonces buscamos justicia y el resarcimiento de los daños”.

Reveló que en aquel entonces las autoridades, representadas por Secretario de Gobierno, Noé Castañón, firmaron un acuerdo en el que se comprometían al pago por el quebranto económico causado a aproximadamente 119 familias de la comunidad. “Pero es la fecha que no nos resuelven”, señalaron.

Tras una marcha que iniciaron en el Parque “Cinco de Mayo” aproximadamente a las 10:00 horas, los campesinos coincidieron que la autoridad les ha cerrado las puertas para el diálogo. “Exigimos castigo para quienes actuaron en nuestra contra, entre ellos OCEZ,  pues todo lo hemos documentado”, detallaron.

Relataron asimismo que tras ser despojados de sus pertenencias encontraron refugio en la comunidad Trinidad Oquil.

López Núñez aseguró que actualmente en Venustiano Carranza los pobladores viven con temor. “Es un pueblo sin ley, cuya población se encuentra en total indefensión y donde cualquiera pueda secuestrar, robar, matar, es decir, no hay Estado de Derecho en la comunidad. No queremos más ilegalidad”.

Respecto a la cantidad que exigen como indemnización, dieron a conocer que es el monto global de las pérdidas económicas que sufrieron los 119 afectados. “Todos fuimos despojados de manera particular de parcelas, casas, autos y animales de corral. Lo que pedimos es justo”, argumentaron.

Detallaron que inicialmente el gobierno les dio unos terrenos para que trabajaran, sin embargo se trata de superficies cuya tierra es mala, donde no pueden producir ningún alimento, por lo que todos los labriegos deben hallar trabajos temporales en otras regiones para poder sostener a sus familias”.

·    En este escenario precisaron que son cercas de 500 desplazados  que exigen indemnizaciones que van desde los 80 hasta los 300 mil pesos por persona

 Habitantes del municipio de Carranza y ex integrantes de la  Casa del Pueblo,  exigieron que  de una vez por todas se aplique justicia,  tras haber sido desplazados de la cabecera municipal por un  grupo contrario encabezado por José Manuel Hernández Martínez.

Los denunciantes señalaron después de realizar una marcha en Tuxtla Gutiérrez, que los responsables del delito por el que fueron señalados, que es robo de  ganado, hoy se encuentran libres.

Recordaron que en 2013 fueron desplazados de manera forzada, cuando el grupo denominado OCEZ-RC, Casa del Pueblo quemó sus casas y asesinó  a dos personas.

En este escenario, precisaron que son cercas de 500 desplazados  que exigen indemnizaciones que van desde los 80 hasta los 300 mil pesos por persona.

Señalaron que los líderes de la organización OCEZ-Casa del Pueblo promueven la anarquía en el municipio y prueba de ello es que los bancos ya se han retirado de Carranza, así también los empresarios, por temor a ser víctima de la delincuencia.

Por último indicaron que además de la exigencia de indemnización, piden  la regularización de 500 hectáreas para que puedan trabajar las familias que perdieron todo, por el escenario de violencia fomentado por la organización.

·         Actualmente los dueños y los integrantes de la OCEZ-RC se encuentran en pláticas para llegar a un acuerdo de compra venta

Santiago Thomas, quien dijo ser de raíces mexicanas y chiapanecas por parte de su difunto padre Luis Marcial y estadounidense por parte de su madre, Wendy McMahon, propietarios legítimos en conjunto con sus hermanos Christobal Lee y Eric Andrés, del predio rústico del rancho La Granada, aseguró existen pláticas con los integrantes de la OCEZ para la negociación de dicho predio.

“Desde el año 2012 se encuentra  invadido por un grupo proveniente de la comunidad Napité, municipio de San Cristóbal, quienes se instalaron de forma violenta  bloqueando la entrada de mi madre y mis hermanos por medio de balazos, haciéndose saber públicamente que no querían ningún diálogo con nosotros los propietarios”, dijo en conferencia de prensa.

Apostados sobre la cruz atrial de la plaza catedral de San Cristóbal, acompañado por miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC), aseguró han mantenido una relación con Amatenango y sus organizaciones, ya que son las más cercanas al rancho.

“Tenemos una historia de comunicación y hemos establecido acuerdos previos de buena fe, así hemos llegado a negociar con Amatenango en la mesa del gobierno para la compra y venta del predio para los bienes comunes”, aludió.

“El futuro de estas tierras están en las manos del gobierno, por lo cual no tenemos control de lo que pasa, esperemos que la conciencia nos lleve a una solución del problema”, amplió.

Por su lado María Velasco Jiménez, en representación de los desplazados del rancho La Granada, del municipio de Amatenango del Valle, integrantes de la OCEZ-RC que permanecían en un campamento en el tramo carretero Amatenango- El Carmelito, desde el pasado 19 de noviembre, acordaron trasladarse ante el hostigamiento que sufrieron por integrantes de la Organización Luz y Fuerza del Pueblo, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"Hemos decidido trasladar el campamento de 35 familias desplazadas el 19 de noviembre del presente año por el grupo paramilitar adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, hemos acordado trasladar estas familias hombres, mujeres y niños a un lugar más seguro, ya que han sufrido hostigamiento permanente a través de disparos de arma de fuego poniendo en riesgo la integridad física de estas familias”, informó.

Dejó ver que el caso más fuerte y reciente es el ocurrido en la madrugada del jueves 15 de diciembre del año en curso en la que el grupo paramilitar estuvo disparando acorta distancia y en dirección al campamento que mantenían.

Reiteró que este grupo podría estar utilizando el nombre del EZLN para confundir a la opinión pública nacional e internacional, haciéndose pasar como las víctimas.