Los buenos oficios de la secretaria de gobierno y mediación, para generar acuerdos que permitan conciliar a las partes y desactivar posibles conflictos sociales, fue boicoteado por quienes usurpando funciones le apuestan a la quiebra financiera de la Caja Popular San Juan Bosco.

Lo anterior quedó de manifiesto este miércoles 13 de agosto, cuando ningún trabajador de la Cooperativa asistió a la mesa de diálogo que convocada por escrito y con anticipación por parte de la Subsecretaría de Gobierno, ninguneando además por escrito a la dependencia encargada de la gobernabilidad en el estado.

Rosa Elvira Flores Sánchez y Eleazar Eduardo Álvarez Hernández, sin acreditar la personalidad que ostentan, descalificaron la mediación de la Secretaría de Gobierno rechazando enérgicamente la invitación a la mesa de diálogo, argumentando que esta institución no tiene facultades legales para intervenir en esta clase de conflictos.

Así mismo reconocen la ilegalidad en la que se desempeñan los trabajadores por lo que recomiendan a la Secretaría de Gobierno se abstenga de hacer invitaciones a las sucursales de la Caja Popular “porqué en realidad, los encargados o el personal que labora en esas sucursales, carece de cualquier representación legal u orgánica de la Cooperativa”.

Cabe señalar que resulta por demás contradictoria esta postura, toda vez que el pasado 10 de julio, Rosa Elvira Flores, Manuel Maciel Mora, Francisco Darwin Trejo Recinos, Gabriel Humberto Juárez Flores y Armando Ramos Ballinas, solicitaron por escrito a la Fiscal de Distrito Altos Claudia Irene Constantino, instalar una “ mesa de diálogo por la paz “ con los representantes legales de la Caja Popular Enoc Hernández y Máximo Vera.

Es lamentable que los trabajadores pierdan la oportunidad de preservar su trabajo ante el desinterés manifestado el día de hoy para no asistir a la reunión convocada por la Secretaria de Gobierno para buscar alternativas de solución.

Las personas que que enviaron el escrito para reventar la mesa de diálogo, no fueron citados, sin embargo, dejan en claro que no permitieron que la información llegara a los trabajadores, coartando su derecho personal y humano.

Dichos usurpadores mencionan además, que los trabajadores no son legales y no pertenecen al organigrama institucional, reconociendo que, en las sucursales hay gente que no pertenece a la Cooperativa pero que están obteniendo un lucro indebido con los movimientos financieros que realizan con la manipulación clandestina del banco de datos de los socios ahorradores.