Francisco Ramírez Galindo, exintegrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, acusa abusos, encubrimientos y colusión criminal al interior del grupo.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Francisco Ramírez Galindo, exmilitar y exmiembro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades graves dentro de este grupo de élite de seguridad en Chiapas, al que se integró con la intención de servir al estado, pero del que asegura haber salido decepcionado por la corrupción sistemática que presenció.

En declaraciones difundidas a medios y redes sociales, Ramírez acusa al comandante Lemus Vidal José Carlos de liderar el cuerpo en estado de ebriedad, encubrir delitos cometidos por integrantes de la corporación y proteger a personas con órdenes de aprehensión. Entre los casos señalados, destaca un presunto incidente en el que dos jóvenes fueron atropellados por elementos de la FRIP, quienes luego habrían sembrado drogas en la escena para deslindarse de responsabilidades.

El denunciante también expone casos de robo de combustible, uso indebido de recursos públicos, e incluso la permisividad de intentos de abuso sexual por parte del chofer del comandante. Asegura que estas prácticas no son excepcionales, sino parte de una estructura que opera con total impunidad.

Ramírez hizo un llamado directo al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, para que se investigue y depure a la FRIP. Según afirma, la corrupción dentro de esta corporación no solo afecta a la ciudadanía, sino que también facilita actividades del crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas e indocumentados hacia Estados Unidos.

Pese al riesgo que implican sus denuncias, Ramírez Galindo ha revelado su identidad y asegura contar con más pruebas que respaldan sus acusaciones. “No me voy a quedar callado. Esto tiene que saberse, por la seguridad de Chiapas y de México”, declaró.

La reciente denuncia de Francisco Ramírez Galindo, exmilitar y exmiembro de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en Chiapas, no debería pasar desapercibida. Al contrario: debería sacudir a las instituciones, encender focos rojos en el gobierno estatal y provocar una reacción inmediata. Lo que Ramírez revela no es menor: corrupción, abuso de poder, colusión con el crimen organizado y un sistema que opera más para proteger a delincuentes que para garantizar la seguridad ciudadana.

El testimonio es perturbador. Habla de mandos que dan órdenes bajo los efectos del alcohol, de intentos de abuso sexual encubiertos, de atropellos a jóvenes inocentes a quienes después se les “siembran” drogas para justificar el uso excesivo de la fuerza. Habla, en resumen, de una estructura podrida desde dentro, en la que el uniforme se convierte en escudo para delinquir y la jerarquía en una red de complicidades.

Más preocupante aún es la normalización del silencio. Que alguien como Ramírez Galindo se atreva a hablar, a poner su nombre y su rostro en una denuncia pública, solo evidencia el nivel de desesperación y frustración que reina dentro de una corporación donde los buenos elementos —si los hay— prefieren callar o marcharse.

¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde el secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño? ¿Dónde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar? ¿Hasta cuándo se permitirá que cuerpos de “élite” operen como brazos armados del crimen, con recursos públicos y bajo el amparo del Estado?

Chiapas no merece una policía corrupta. México no puede seguir tolerando instituciones que alimentan la violencia que dicen combatir. La denuncia de Ramírez no debe ser vista como una anécdota ni como una venganza personal: es un grito de auxilio y una demanda urgente de justicia. Y quienes hoy están en el poder, si de verdad quieren gobernar con dignidad, deben escuchar.

Porque cuando el uniforme deja de proteger al pueblo y empieza a proteger al crimen, lo que está en juego ya no es solo la seguridad: es la democracia misma.

• Hay 78 detenidos en total, muchos de ellos se investigan por extorsión agravada y podrían alcanzar hasta 30 años de prisión

• Se ejecutó una orden de aprehensión en contra de René “N”, quien fungía como Secretario Municipal del Ayuntamiento de Villaflores

• En Villa Corzo, se detuvo a 26 policías municipales, destacando a quien fungía como Director de la Policía Municipal

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dieron a conocer los operativos que se realizaron para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad en región Frailesca.

De esta forma, el Fiscal General explicó que se han iniciado diversas investigaciones, principalmente, en los municipios de Villaflores y de Villa Corzo, tras denuncias de empresarios, ganaderos y gente dedicada al transporte, particularmente, en la modalidad de moto taxis, quienes señalaron una red de corrupción y una banda dedicada a extorsionarlos.

Al respecto, informó que, en las últimas 48 horas, se trabajó con algunas detenciones en Villaflores, por lo que, el martes se detuvo a 11 personas, entre éstas un expolicía de la Fiscalía General del Estado que encabezaba a esta banda de extorsionadores que amenazaba a todos los gremios de moto taxi, exigiéndoles cuotas que oscilaban entre los 150 a 200 pesos a la semana, o de lo contrario, serían privados de la libertad o la vida.

Derivado de las investigaciones, en este mismo municipio, se realizaron seis cateos a diversos domicilios, donde se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de extorsión en contra de René “N”, quien fungía como Secretario Municipal del Ayuntamiento de Villaflores, y que, presuntamente, era quien citaba y extorsionaba a los ofendidos, pidiéndoles que depositaran el recurso y se lo dieran a María “N”, esta última es una líder de moto taxis a quien también se le cumplimentó una orden de aprehensión.

Jorge Llaven destacó que esta investigación sigue abierta y hay otras personas relacionadas, entre éstas, servidores públicos que están siendo investigados, “vamos a continuar hasta deslindar las responsabilidades de quienes hayan cometido el delito de extorsión”.

Asimismo, mencionó que se llevó a cabo el operativo de revisión del Cuartel de la Policía Municipal de Villaflores, donde se detuvieron 39 elementos de la Policía Municipal, quienes están rindiendo su declaración y serán investigados, a fin de corroborar que el alta respectiva no haya vulnerado ninguna ley federal o estatal.

 “Vamos a empezar a escuchar su declaración y sin duda, habremos de obtener más información para desmantelar esta red de extorsionadores que inmiscuía a servidores públicos municipales de Villaflores”, enfatizó.

El Fiscal General detalló que en Villa Corzo se hicieron diversos cateos en propiedades de un servidor público municipal; ahí, se detuvo a 26 policías municipales, destacando a quien fungía como Director de la Policía Municipal, mismo que cuenta con antecedentes penales al haber sido sentenciado, y que hoy estaba dado de alta con un nombre diverso; no obstante, al correr las fichas y huellas dactilares, arrojó que ya había estado recluido y que no tiene los exámenes correspondientes.

Por lo tanto, precisó que, en este operativo en la Frailesca, se tienen 78 detenidos en total y se deslindarán responsabilidades; dijo que muchos de ellos se investigan por extorsión agravada y podrían alcanzar hasta 30 años de prisión. En el caso de los policías municipales,  por el delito de ejercicio abusivo de funciones,  podrían alcanzar hasta 12 años de prisión.

“Estas acciones son derivadas de la estrategia que ha mandado la Mesa de Seguridad que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, bajo la política de Cero Impunidad. Estamos respondiendo a un reclamo social que es vivir en paz, y pedimos que cualquier persona que haya sido víctima de algún delito se acerquen a las oficinas de la Fiscalía General del Estado, vamos a recibir la denuncia y vamos a actuar”, enfatizó.

A su vez, el Secretario de Seguridad del Pueblo subrayó que en este operativo participaron 500 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, 200 elementos de la Fiscalía General del Estado, también hubo un despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Se desplegaron dos helicópteros a Villaflores y a Villa Corzo, así como un avión no tripulado. 

En este marco, Aparicio Avendaño hizo un llamado a las y los alcaldes a contratar a sus mandos policiales o policías a través de las convocatorias oficiales, así como de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y de la Fiscalía General del Estado: “Nosotros estamos para ayudar y para poder fortalecer las policías municipales, siempre y cuando se hagan bien las cosas”. 

Agregó que también se aseguraron dos armas largas, un arma corta, así como un vehículo blindado y un vehículo más.

#prensalibrechiapas 

Fiscalía General del Estado de Chiapas