La alta demanda para los trabajos y poca mano de obra ha incrementado los costos.

El sismo del 7 de septiembre de 2017 afectó principalmente a Oaxaca y Chiapas, esas entidades recibieron más de 12 mil millones de pesos, tanto de aportaciones federales como estatales para la reconstrucción; sin embargo, a un año de la tragedia, los avances en los trabajos son menores a 40%.

Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), hasta mayo de este año, Oaxaca fue la entidad que recibió más recursos, con siete mil 362 millones, pero sólo habían ejercido 36.7% de los recursos, con lo que el avance de las obras es de 34.3%.

Para atender la emergencia, Chiapas recibió cinco mil 323 millones, con lo que los trabajos tiene un avance de 39.7%, mientras que en lo financiero representa se han aplicado 37.4%.

Esta situación se refleja en los testimonios de la gente, en Juchitán, Oaxaca, uno de los municipios más afectados de la entidad, sus habitantes dieron a conocer que las reconstrucción de las viviendas ha sido más cara que los 120 mil pesos que se les entregó a los que perdieron todo.

Además, la escasez de trabajadores incrementó el costo de la mano de obra y el avance ha sido lento, esta situación también se ha presentado en Chiapas.

Asimismo, varias familias denunciaron que han sido víctimas de fraudes, ya que se han acercado personas a prometerles hacerse cargo de la reconstrucción de sus viviendas, les solicitan las tarjetas con los recursos y desaparecen.

El sismo del 7 de septiembre, de 8.2 grados, afectó a 57 mil construcciones en Oaxaca, mientras que en Chiapas las afectaciones abarcaron a mas de 53 mil, cifra que se se incrementa con el sismo del 19 de septiembre.

Organizaciones y colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y organizaciones solidarias exigieron al Estado mexicano el cese a la serie de asesinatos, hostigamientos y violencias perpetradas en contra del Comité en Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI).

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa los integrantes de la CODEDI realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en donde relataron que el día 17 de julio de 2018, aproximadamente a las 11:30 horas, hombres portando armas de alto poder, con trajes militares y encapuchados cercaron la casa de Abraham Hernández González, coordinador regional del CODEDI en la comunidad de Salchi; en San Pedro Pochutla, Oaxaca. 

“Arrastraron a Hernández González de su casa y lo llevaron a la fuerza en una camioneta con placas RH-70-92 escoltada por una motocicleta. La familia y los miembros del CODEDI inmediatamente dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, las cuales no tomaron ninguna acción efectiva para encontrar al Hernández González, a pesar de que tenían elementos movilizados a escasos kilómetros del lugar. Cinco horas más tarde, aproximadamente a las 16:30 horas, fue encontrado muerto, con señales de tortura y ejecutado con un tiro en la frente”, indicaron.

Destacaron que Abraham coordinaba los trabajos colectivos en un terreno de un simpatizante de la organización que lleva una lucha jurídica de hace años, juntamente con el CODEDI, en contra del despojo de sus tierras por grupos criminales de la región, que se han dedicado a venderlas a empresas turísticas nacionales y extranjeras.

Refirieron que esta situación de conflicto ya había sido reiteradamente denunciada a las autoridades municipales y el CODEDI había hecho diversos intentos de mediación entre los involucrados, sin tener respuesta favorable. Ante estos hechos el comité responsabiliza a los grupos criminales y al Estado mexicano por los hechos ocurridos, debido a que este homicidio se suma a la emboscada del 12 de febrero, donde fueron asesinados tres integrantes de la organización.

Tomando en cuenta el historial de represión, el contexto de violencia del estado de Oaxaca y los recientes hechos de hostigamiento y asesinato, solicitaron se respete y garantice la integridad y seguridad personal de los y las integrantes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas integrantes del Comité, así también la efectiva justicia y sanción a los culpables intelectuales y materiales de las cuatro ejecuciones extrajudiciales del 12 de febrero y del 17 de julio en contra a los integrantes del CODEDI.

"Pedimos se de seguimiento de las investigaciones por la Procuraduría General de la República, ya que se trata de hechos de competencia federal, por el uso de armas de alto poder y acciones criminales, tomando en cuenta las denuncias que involucran a las fuerzas estatales en los hechos, el respeto a los usos y costumbres y al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas vinculados al CODEDI, en el fortalecimiento y organización regional de sus topiles”, concluyeron.

“Amparado” —ante la posibilidad de un arresto bajo la acusación de crímenes de lesa 
humanidad—, el ex- gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se presentó a un evento de poca trascendencia en la capital chiapaneca, a invitación de un grupo de priístas anquilosados, a quienes por su turbio pasado, muy poco toman en cuenta en el vetusto partido, cuya moral se debate entre escombros y ruinas. 

Ulises Ruiz es sinónimo de traición, violencia, corrupción y crímenes. El número de muertos, desaparecidos y encarcelados durante el periodo que gobernó a su natal Oaxaca, es hasta hoy incuantificable.

La tiranía con que administró a ese estado, solo puede ser comparada con la que casi paralelamente, ejerció Pablo Abner Salazar en Chiapas. 

Campesinos, maestros, estudiantes, obreros, amas de casa… Todos fueron víctimas de su irracionalidad. De hecho, estudios médicos serios, revelaron que el ahora “benefactor” de los priístas desplazados, padecía esquizofrenia crónica, además de delirios varios que le obligaban a tomar decisiones violentas contra sus adversarios, a muchos de los cuales, según testimoniales de algunas víctimas, torturó personalmente. 

Las investigaciones federales en su contra, sin embargo, fueron frenadas en su momento por el exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira, a quien autoridades españolas retuvieron unos días bajo cargos relacionados con el crimen organizado. 

No obstante, en dependencias de alto nivel, se mantiene una investigación de bajo perfil por posible desvió de fondos públicos en el área de salud, de donde, se presume, pudo haber sustraído millonarias cantidades para construir un complejo médico particular en la Ciudad de México, propiedad de la madre y esposa de Ruiz Ortiz. 

Solo en ese rubro, el ex gobernador oaxaqueño desfalcó al gobierno Federal por poco más de siete mil millones de pesos, delitos por los que la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, mantiene abierta una carpeta de investigación, razón por la que, dadas sus relaciones con el Poder Judicial de la Federación, ha logrado un amparo, ante la posibilidad de un eventual arresto.

Así llegó a Chiapas. El “amparo” en su bolsa, no le sirvió para protegerse de un grupo de maestros que lo persiguió hasta que hubo de buscar refugio. La “calidad moral” con que en los últimos meses se ha presentado el corrupto ex-dictador del vecino estado, no ha sido suficiente para lavar su imagen, una que por cierto, es muy parecida a la de sus correligionarios que le invitaron a un estado donde su partido, no pasa por los mejores momentos. Los personeros del viejo y prepotente PRI, que buscan atrincherarse en lo más vil y sucio del partido, para alcanzar prebendas diversas.

Las reiteradas violaciones a los derechos humanos mediante desapariciones forzadas, encarcelamientos injustificados y bestiales torturas, marcaron la administración del que hoy, se alza como el baluarte de la democracia interna de un partido con serios problemas de credibilidad y confianza. ¿Cómo confiar en quien es acusado de haber ordenado la masacre de maestros rebeldes a sus dictados?

Da la impresión que la facción del priismo desorientado que le trajo a la entidad, quiere enviar un tenebroso mensaje: no interesa a sus integrantes Chiapas como estado, sino como botín, lo cual desfigura sus pretensiones electorales, que es lo que se ve a leguas. Confirman con ello que solo buscan los recursos financieros para enriquecerse, no para lograr el desarrollo del estado más empobrecido y marginado del país. 

Hay “sumas que restan”, decían los viejos políticos mexicanos y éste, es un caso típico. Ulises Ruiz, no solo resta, sino que es en sí, un mensaje de terror que debe alertar a los chiapanecos para no caer, otra vez, en manos de grupos minoritarios que intentan socavar las pocas estructuras que aún quedan en el estado.

La presencia de un político de la talla de Ruiz Ortiz en Chiapas, es señal que un grupo de priístas, lisiados políticamente hablando, le apuestan al continuismo de la corrupción, del saqueo y la violencia institucional contra quienes quieren un cambio de verdad, contra quienes luchan porque se erradique la corrupción y la impunidad. 

Sobre el ex-gobernador de Oaxaca, pesan serias y graves acusaciones; abrirle espacios es otorgarle impunidad. Es dar la espalda, no solo a los millones de oaxaqueños agraviados, sino a todos los mexicanos, principalmente a los chiapanecos. Chiapas no debe ser paraíso de corruptos y asesinos.