Familiares de 17 personas presos en el Cereso 13 de Tonalá se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, pidiendo la intervención de diputados locales para exigir justicia, porque aseguran que están injustamente recluidos.

  Isaac Tinidad López aseguró que inicialmente eran 22 los que estaban en esta situación, y entre los 17 que todavía están recluidos cuatro son centroamericanos, a quienes al igual que los chiapanecos fueron detenidos en el camino, golpeados y torturados para inculparse.

Acusó de malas prácticas a las policías, porque cuando se comete algún delito, en la necesidad de dar resultados agarran al primero que se atraviesa por la zona donde se haya dado la delincuencia, les meten una madriza  hasta que ya no aguantan y se declaran culpables.

  Sin embargo, cuando han logrado echarle el guante al verdadero delincuente, con que les paguen salen libres. Es una corrupción la que prevalece en la procuración de justicia en ese municipio de la zona Costa, subrayaron.

En la entrada principal al Congreso del Estado de Chiapas hombres y mujeres reclamaron la libertad de sus familiares Emilio López Cigarroa, detenido por el delito de abigeato y homicidio; Juan Gabrial y Alexos Ivan Sánchez Ordóñez, Domitilio Toledo Alvarado y Francisco Martínez Alonso, por el delito de abigeato; Francisco Miguel Martínez Fonseca, por violación; Jorge Domínguez Toledo, despojo agravado.

Jacob Eduardo Tomhas Sánchez, por tentativa de feminicidio; José Luis Laguna Ramos, por secuestro; Francisco López Lazos, por violación; Julio César Martínez López, por robo; Samuel Jiménez Pérez, por abigeato; Florentino Toledo Colmenares, por despojo; Fidel Antonio Portillo y José Luis Larín Castro, por extorsión; Jonhatan Álvarez Núñez y Josúe Rubín Alexander Calles, por extorsión.

·        Dos activistas acusan a Liliana Ruiz Pascasio, quien se cree “dueña y señora del organismo”

 La Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, Liliana Ruíz Pascasio, fue acusada  de violentar los derechos humanos de dos activistas, por lo que piden a Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente de la CEDH tome cartas en el asunto para no ser cómplice de la prepotencia en que se maneja esta funcionaria, quien argumenta ser sobrina del magistrado del Tribunal Unitario, Homero Ruiz, quien presuntamente le protege  sus fechorías en contra del personal administrativo de trabajo.

 Las activistas Martha Riofrio y Jacivi Gómez dieron a conocer en exclusiva para este medio, que Liliana Ruiz  las trató con la punta de los pies y con palabras altisonantes por el simple hecho de estacionarse en el interior del sótano que tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para todos aquellos que acuden para algún trámite o queja.

 Las referidas activistas llegaron procedente del CERESO El Amate en donde se han caracterizado por apoyar a las mujeres privadas de su libertad y en esta ocasión asistían a la CEDH para recibir de la Dirección de Atención a víctimas de violaciones de los derechos humanos, apoyos o donativos para ser donadas a las referidas mujeres presas de esas violaciones.

 Sin embargo, agregaron que “nunca pensaron que ellas serían las primeras víctima de esas violaciones, por lo que interpondrán ante la Comisión de los Derechos Humanos la correspondiente queja en contra de la mencionada funcionaria que se ostenta la dueña y señora del Departamento de Recursos Materiales en donde a decir de algunos trabajadores han desaparecido vehículos que hoy laboran como taxis, por lo que el Presidente de la CEDH Juan Oscar Trinidad Palacios no debe permitir presuntos actos de corrupción en esa dependencia y la tal Liliana quien dice es inamovible del puesto, debe de ser investigada y cesada del cargo.