El 19 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas como organizaciones terroristas internacionales. Los cárteles mexicanos incluidos en esta lista son:

• Cártel de Sinaloa
• Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
• Cárteles Unidos
• Cártel del Noroeste
• Cártel del Golfo
• La Nueva Familia Michoacana

Esta designación permite a Estados Unidos aplicar medidas más allá de las sanciones financieras tradicionales, incluyendo el uso de fuerza similar al empleado contra el extremismo islamista. La administración de Donald Trump ha expresado su intención de combatir enérgicamente a estos grupos debido a su implicación en la crisis de opioides en Estados Unidos.

En respuesta a esta medida, Elon Musk, presidente de Tesla y asesor en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del gobierno de Trump, comentó en su cuenta de X (anteriormente Twitter): "Eso significa que son elegibles para ataques con drones".

Esta declaración sugiere que, tras la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, podrían ser considerados objetivos legítimos para operaciones militares, incluyendo ataques con drones.

Es importante destacar que, según las leyes estadounidenses, declarar a estos cárteles como organizaciones terroristas permite al gobierno de Estados Unidos realizar acciones más contundentes contra ellos, incluyendo operaciones militares.

Sin embargo, esta medida ha generado tensiones con México, cuyo gobierno considera que dicha designación puede vulnerar su soberanía. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado su oposición a cualquier acción extraterritorial por parte de Estados Unidos y ha propuesto fortalecer las demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses.

Además, se ha informado que la CIA ha incrementado el uso de drones no tripulados para espiar las actividades de los cárteles en México, una acción que podría intensificar las tensiones entre ambos países.

En resumen, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos abre la posibilidad de acciones más directas contra ellos, incluyendo ataques con drones, aunque esto también plantea desafíos diplomáticos y de soberanía para México.

La relación entre Estados Unidos y México siempre ha estado marcada por altibajos, pero en los últimos años, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, alcanzó un momento insólito: una especie de "romance antinatura" con Donald Trump. Los contrastes ideológicos entre ambos líderes —uno de izquierda, el otro de derecha— no impidieron que forjaran una alianza basada en intereses comunes como la inmigración y la seguridad fronteriza. Sin embargo, esa relación, tan peculiar como simbiótica, tuvo un claro perdedor: México.

En ese entonces, López Obrador, bajo la presión del magnate republicano, se convirtió en el principal muro de contención para la migración, comprometiendo su soberanía a cambio de ciertos beneficios económicos. Las críticas internas fueron muchas, y algunos lo acusaron de doblegarse ante el poder estadounidense, pero el pragmatismo político y la presión sobre su gobierno prevalecieron.

Hoy, en la administración de Claudia Sheinbaum, la historia parece estar tomando otro giro. La presidenta, en sus primeras interacciones con la Casa Blanca, ha mostrado una postura diferente. Aunque mantiene un tono de colaboración y respeto por la soberanía de México, no está dispuesta a repetir los errores de su antecesor. Su desafío radica en equilibrar la necesidad de mantener una relación cordial con un Trump que ya ha demostrado ser agresivo en su estilo de negociación, con la defensa de los intereses nacionales.

Trump ha dejado claro que su política migratoria no cambiará. Las deportaciones masivas y el reforzamiento de medidas de contención, como el restablecimiento del programa "Quédate en México", son solo el inicio de un nuevo pulso con el país vecino. A ello se suman las medidas más polémicas, como la militarización de la frontera y la inclusión de los cárteles mexicanos en su lista de organizaciones terroristas, lo que pone en riesgo la soberanía mexicana y plantea la posibilidad de intervenciones más directas.

Sheinbaum, a diferencia de López Obrador, ha mostrado determinación en no ceder ante estas presiones. Si bien ha dicho que su gobierno prioriza la cooperación, también ha enfatizado que México no permitirá "invasiones" extranjeras en su territorio. Frente a la constante amenaza de un Trump impredecible, su respuesta se ha centrado en una política de pragmatismo que incluye una defensa vigorosa de los intereses nacionales, aunque con un tono de moderación que busca evitar un enfrentamiento abierto.

En este escenario, los desafíos para Sheinbaum son enormes. Trump es un negociador agresivo que no tiene reparos en utilizar su poder económico y militar para imponer sus demandas. Sin embargo, la presidenta tiene un punto a su favor: el apoyo popular en México. Con un 81% de la población con una visión negativa de la administración de Trump, Sheinbaum tiene una base sólida de respaldo para mantener su postura firme. Aunque algunos analistas aseguran que podría claudicar ante las presiones económicas, lo cierto es que su gobierno ha mostrado una capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta, lo cual podría ser la clave para gestionar esta relación tan compleja.

En definitiva, el reto de Sheinbaum será encontrar una vía intermedia que no sacrifique la soberanía de México, pero que tampoco enfrente abiertamente a una de las potencias más grandes del mundo. La relación entre ambos países, que siempre ha sido una danza delicada entre la cooperación y la confrontación, se encuentra nuevamente en un punto crucial. Será interesante ver si Sheinbaum logra mantenerse firme ante la presión de Trump, o si, como su antecesor, se verá obligada a ceder en nombre de la estabilidad política y económica.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza; el titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras; la directora de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Anjanette Zebadúa Soto, y el titular del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), José Alfonso Iracheta Carroll, donde se presentó el Programa Nacional de Vivienda-Chiapas, el cual plantea un total de 55 mil acciones para la entidad.

En este encuentro, Eduardo Ramírez agradeció la disposición de todas las instituciones para construir viviendas dignas, una demanda social prioritaria en Chiapas, y destacó que estas acciones impactarán en el crecimiento de los indicadores de desarrollo humano de los municipios más necesitados.

El mandatario reiteró el apoyo legal y todas las facilidades para que en el estado se garantice el derecho a la vivienda, especialmente a la población en condiciones de mayor rezago. “Sepan todas y todos que en Chiapas estamos para sumar esfuerzos con nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Tengo un compromiso muy formal con la Cuarta Transformación, porque estamos hechos para servir a las y los más pobres”, apuntó.

En otro momento, Ramírez Aguilar enfatizó que impulsará la reforma que se requiere para destrabar el 78 por ciento de hipotecas que han sido pagadas pero que no han sido liberadas en Chiapas, lo que representaría un importante logro y, sobre todo, un gran beneficio para las familias.

En su intervención el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que Chiapas es uno de los estados que tienen prioridad dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que aquí se construirán 45 mil viviendas de las cuales 15 mil serán para derechohabientes del Infonavit y se otorgarán 15 mil créditos para mejoramiento.  

Informó que actualmente ya se ha beneficiado a 17 mil 373 personas con el congelamiento de su crédito, de las cuales 3 mil 924 recibieron en automático una disminución de su saldo, mensualidad o tasa de interés, y en los próximos meses se beneficiará a otras 18 mil personas con el congelamiento de su deuda.

La directora de Comunicación Social de la Sedatu, Anjanette Zebadúa Soto, expuso que por parte de la Conavi se construirán 30 mil viviendas para no derechohabientes, y se realizarán 10 mil acciones de escrituras públicas. Asimismo, dio a conocer que el Programa Nacional de Vivienda-Chiapas generará más de 200 mil empleos directos y más de 300 mil indirectos.

A su vez, el director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que se trabaja en los proyectos ejecutivos sobre los predios asignados, mediante el estudio de factibilidad del suelo, de niveles y espacios, a fin de definir qué área territorial cuenta con las condiciones para iniciar con los trabajos de ejecución en marzo del próximo año.

Estuvieron presentes los secretarios de Humanismo, Francisco Chacón Sánchez; y de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gavito; el subsecretario de Políticas Sociales, Sergio Edgar Cortázar Villafuerte; el director general de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), Fernando Farro José; y, por parte del Infonavit, el secretario general jurídico, Marcos Manuel Herrería Alamina; el subdirector de Operaciones, Javier Núñez López; el jefe de Oficina de la Dirección General, Orlando Camarillo Ruiz; y la delegada en Chiapas, Rocío Terán Cruz.

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