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Desplazados, tema superado

·          “Alas de Águila-Ejército de Dios”, aseveró que no se siguen presentando más casos de expulsados en comunidades por cuestiones religiosas

 Esdras Alonso González, apoderado legal de la Congregación “Alas de Águila-Ejército de Dios”, aseveró que no se siguen presentando más casos de expulsados en comunidades por cuestiones religiosas, aunque llamó al gobierno del estado  cumpla con los compromisos que hizo en minutas firmadas.

 

“Ya se superó la situación porque no se pone en riesgo la integridad de ellos como estaba anteriormente, pero dejarlos en estado de indefensión no es correcto, hay que apoyarlos porque hay niños, ancianos, que requieren el apoyo de gobierno”, dijo.

En entrevista, recordó a la Secretaría de Gobierno los compromisos que hizo con desplazados de la comunidad de San Gregorio Las Casas, municipio de Huixtán, entre ellos la indemnización que haciende a un millón 400 mil pesos.

“Quisiera hacer un llamado a las autoridades.  Creemos que es el último rezago que llevamos, entre ellos se incluye a los desplazados de Huixtán, que siguen aquí en la ciudad, estamos a espera de que se les dé cumplimiento", añadió.

Citó que cuando fueron desplazados dejaron terrenos de aproximadamente entre 30-40 hectáreas, que sería el concepto por el que les deben entregar el recurso a ocho familias.

Otro de los puntos en la minuta, es el pago de renta en un domicilio particular y dotación de alimentos, justificándose que la Secretaría de Hacienda no ha dado el recurso, aunque la Secretaría de Asuntos Religiosos ha mostrado buena disposición.

Alonso González, explicó que los desplazados esperan una reubicación, pues no existen garantías de retornar a su comunidad, asentado en la minuta donde se cita el monto del apoyo a ellos.

 

Aseveró ya no se han dado más temas de esto, pero que es necesario de salden cuentas con los que aún permanecen refugiados a esta ciudad, calculando entre 110, incluyendo el caso de Yastini, Los Llanos, Las Florecillas de San Cristóbal y  Chilil, municipio de Huixtán.

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Brutal crimen de un niño de 4 años

  • Publicado en Roja

 El pasado martes en Huixtla, el conductor de un tractor agrícola que remolcaba tres jaulas abastecidas de caña de azúcar, antes de llegar al ingenio sufrió una volcadura por ir sobrecargado, y terminó aplastando a un niño de cuatro años de edad.

Autoridades informaron que cuando el tractor se desplazaba en la vía que comunica las comunidades del Cantón La Unión al Arenal, por ir con mucha carga una de las carretas volcó aparatosamente sobre el niño Candelario Limón, quien se encontraba ayudando a su padre a cuidar sus borregos a la orilla de la carretera.

Personas que pasaban por el lugar y familiares llamaron a emergencias, quienes llegaron en minutos, lamentablemente nada pudieron hacer para salvarle la vida, lo único que procedieron a realizar fue acordonar el área y pedir la intervención de los peritos.

 

Hasta el momento se desconoce la identidad del operador del tractor del grupo Porres del Ingenio Huixtla, con número económico 106-533, pues al momento del accidente se dio a la fuga.

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Exigen liberación de ex alcalde de Huixtán

Representantes de las comunidades y habitantes de Huixtán, Chiapas, manifestaron su inconformidad por la detención del ex presidente Waldo Martín Pérez  Bautista, quien fue detenido arbitrariamente y sin orden de aprehensión por elementos de la policía especializada, el pasado 15 de marzo del año en curso.

A través de un comunicado, seňalaron que el ex alcalde fue aprehendido a las 10:00 horas afuera de su domicilio ubicado en la calle San José, de la colonia Salsipuedes de San Cristóbal de Las Casas y no como falsamente se ha comentado a través de algunos medios de comunicación y redes sociales que fue en la cabecera municipal de Huixtán, cuando iba rodeado de guaruras y con un grupo de indígenas Tzeltales.

Indicaron que Pérez Bautista y otros miembros del H. Ayuntamiento Municipal de Huixtán del periodo 2012-2015, están siendo acusados injustamente por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, derivado de una auditoría practicada por el Órgano Superior de Fiscalización, misma que se encuentra aún en proceso de solventación y corresponde al ejercicio 2013.

Derivado de lo anterior, mencionan que la Procuraduría General de Justicia del Estado, inició la Carpeta de Investigación número 0020-101-1301-2017, en la que se ejercitó acción penal ante el juez de control del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, radicándose la causa penal número 26/2017.

"Por todo lo anterior se observa y queda claro que el asunto es político, el compañero Waldo Martín fue encarcelado en el penal de El Amate, en Cintalapa, donde un Juez de Control dentro del Cuadernillo de Exhorto 17/2017 celebró audiencia inicial en la que el imputado solicitó la duplicidad del plazo constitucional para aportar pruebas a su favor. Su situación jurídica se resolverá el próximo martes 21 de marzo a las 10:00 horas".

Agregaron que dentro de los hechos que se le acusan es haber realizado 2 obras de pavimentación con concreto hidráulico, cada obra con un valor 3 millones de pesos, sin haber respetado los lineamientos en materia de obra pública. Dichas obras están ubicadas en el barrio La Pila y en el Barrio San Sebastián de este municipio "su delito consiste supuestamente en no haber respetado los lineamientos en materia de obra pública para su priorización".

"En el barrio de la pila fue detenido durante 2 días y una noche por los mismos habitantes exigiendo la pavimentación de las calles con concreto hidráulico, en la cual no alcanzaba el recurso y hasta con la intervención del subsecretario de gobierno Lenin Méndez Nucamendi, se acordó el monto del recurso de este barrio para poder ser liberado", recordaron.

Aclararon que las observaciones de la auditoria establecen que el recurso sí fue ejercido completamente, que sí existe físicamente la obra hasta con ampliación de metas, pero que no se apegó a los lineamientos actuales en materia de priorización.

 

Esas mismas obras, también fueron auditadas por la Federación y para ellos, la obra cumplió con todos los requisitos técnicos y administrativos en su construcción. Sin embargo, para el Gobierno del Estado no cumplió con los requisitos administrativos.

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