El consejero electoral Enrique Andrade dijo que el objetivo es explorar “una solución tecnológica para realizar el voto electrónico en 2018”

La Comisión Temporal del Voto de Mexicanos en el Exterior aprobó que se explore la viabilidad o no de implementar un mecanismo electrónico para permitir el sufragio de los paisanos radicados en el exterior en los comicios federales de 2018.

Durante la primera sesión e instalación de la Comisión, el consejero electoral Enrique Andrade informó que el objetivo es explorar “una solución tecnológica para realizar el voto electrónico en 2018”.

Al conocer el Informe Ejecutivo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del proyecto Voto Electrónico para Mexicanos Residentes en el Extranjero, resaltó que conforme al cronograma, la primera decisión deberá tomarse durante el próximo mes de octubre.

    Si no tomamos las decisiones a tiempo ya las demás etapas quedarían prácticamente sin sentido, ya no pasaríamos a una segunda ni tercera etapa”, expuso el también presidente de la Comisión temporal.

Andrade González refirió que el objetivo de la sesión “no es decidir nada (en este momento) pero sí el compromiso de ver ¿cuándo se van a tomar estas decisiones? y ¿cómo es que se van a tomar?”.

Al presentar el referido informe, el director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, Jorge Torres Antuñano, detalló que al momento se identificaron cinco empresas con soluciones de voto electrónico, de las cuales sólo se consultó a cuatro y “de las empresas a las que sí se les hizo la consulta, solo tres respondieron”.

Indicó que el objetivo del informe es conocer los avances de la investigación que se hicieron respecto a la posibilidad que el INE aplique el voto electrónico en 2018 y allegarse de propuestas de los partidos políticos.

EN 2009 SURGIÓ UN COMISIÓN TEMPORAL

Destacó que en 2009 se acordó la conformación de una Comisión Temporal para realizar las investigaciones y estudios técnicos que permitieran determinar la viabilidad o no de utilizar instrumentos electrónicos de votación en los procesos federales.

Para 2012, se erigió un Comité Técnico de Especialistas encargado de realizar un análisis jurídico, técnico, organizativo y presupuestal sobre las alternativas de voto de los mexicanos en el exterior en el cual se tocaron temas de votación electrónica, temas presupuestales y de viabilidad técnica.

Refirió que de ambos estudios (2009 y 2012), se llevó acabo un informe final y rumbo a los comicios federales de 2018 se espera conocer “¿cuál es el marco normativo que tenemos respecto al voto electrónico?”.

Señaló que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece que el ejercicio del voto de los mexicanos se puede realizar a través de tres modalidades: vía postal, esto es, mediante el envío de un sobre que contenga su boleta electoral a través del correo.

Además, “depositando el sobre con su boleta electoral en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados donde radique y, vía electrónica”.

BUSCAN EVITAR COACCIÓN DEL SUFRAGIO

El director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE indicó que conforme a los lineamientos establecidos para tal fin se decidió que el voto deberá ser de mexicanos residentes en el extranjero, además de evitar la coacción del sufragio y garantizar que sea libre y secreto.

El ciudadano mexicano residente el extranjero no puede emitir más de un voto por la vía electrónica u otra de las previstas en la ley y se deberá asegurar que se emita en el país donde el ciudadano reside y no en territorio nacional”, expuso.

Señaló que el sistema deberá ser auditable y permitir al votante corroborar el sentido de su sufragio, en tanto que se contará con un dictamen de al menos dos empresas de prestigio internacional antes de que inicie el proceso electoral.

Esto es parte de los requerimientos que establece la ley y, en particular, este último establece un transitorio para que el sistema de votación electrónica en 2018 pueda llevarse a cabo”, añadió.

·         Sandra Luz García Guajardo planteó como estrategia para contrarrestar el abstencionismo, la suspensión de la credencial para votar por un año

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de contrarrestar el abstencionismo, legitimar el acceso al poder público y hacer efectiva la suspensión de derechos y prerrogativas, la senadora Sandra Luz García Guajardo propuso sancionar a los ciudadanos que no emitan su voto.

En tribuna, la legisladora panista expuso que en México el voto obligatorio está regulado constitucionalmente, aunque carece de los mecanismos legales o procedimientos para aplicar sanciones, sobre todo como una medida para abatir el abstencionismo.

Por ello, la iniciativa para reformar artículos 447 y 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, considera la no emisión del voto como una infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos.

La sanción que prevé es “la suspensión de la credencial para votar como documento de identificación oficial por un periodo de un año. En caso de reincidencia en el incumplimiento de esta obligación la suspensión será por el doble del tiempo”.

Asimismo, incluye causales de excepción, pues no serán sancionadas las personas que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada; las mayores de 70 años de edad; y quienes se hubieran ausentado de territorio nacional, acreditando el hecho por cualquier medio probatorio aceptado por la autoridad competente.

La iniciativa precisa que “los ciudadanos que no hubieran podido sufragar por causa justificada deberán presentarse ante la autoridad competente en un término no mayor a 30 días después de la elección, con las pruebas que acrediten su impedimento. Vencido este término no se admitirá justificación alguna”.

La senadora aseguró que solo con un mayor número de votantes se podrá obtener la legitimidad y consenso que requieren los actores políticos y gobernantes para convalidar sus acciones.

Detalló que en Argentina se aplica una multa que va de dos a 20 pesos mexicanos, y la persona no puede ser designada para desempeñar empleos públicos por tres años; en Bolivia se aplica una multa de 416 pesos mexicanos y en caso de incumplimiento del pago, éste se convierte en arresto.