Es apenas un primer paso. Falta mucho que andar, pero algo se avanzó. El Congreso de Jalisco logró aprobar la reducción de financiamiento público a los 
partidos políticos.

Los partidos políticos le cuestan muy caro a los mexicanos. Cómo faquires, los mexicanos aportan dinero de contribuciones hacendarias para el mantenimiento y desarrollo de estas entidades de interés público que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”, según se lee en el Artículo 3° de la Ley General de Partidos políticos. 

Es de todos conocido el accionar de los partidos políticos, sabemos que poco contribuyen a la finalidad para la que están planteados, por eso es que el paso que dio el Congreso del Estado de Jalisco es trascendental en materia electoral y ejemplo para otros congresos estatales.

En términos económicos se logró que en vez de gastar aproximadamente 260 millones de pesos cada 12 meses, solamente representara un egreso de 80 millones de pesos, es decir, un ahorro de 180 millones de pesos, para destinarlos a otros fines de beneficio social.

El Congreso de Jalisco, trabajó esta semana sobre las reformas a su constitución política y al Código Electoral y de Participación Electoral donde logró disminuir un diputado de representación proporcional, para quedar en número par de 18, y así mejorar la toma de decisiones; dos regidores en los tres municipios más importantes de la entidad, uno de mayoría y otro de representación proporcional, y en siete más de las ciudades medias, se elimina un regidor de mayoría relativa. Los demás, quedan igual. Hubo otras reformas que son interés de la población de ese Estado de la república. 

La iniciativa se la atribuyen al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero mediáticamente es el diputado independiente José Pedro Kumamoto Aguilar, quien la reforzó con una fórmula para los años en que no se efectúen elecciones en el Estado, a efecto de que el financiamiento se fijará anualmente multiplicando el padrón electoral local, por el 20 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria, y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Según lo apunta el boletín respectivo del Congreso del Estado.

Como el camino se hace al andar, la legislación de Jalisco ya dio el primer paso. Veremos que otros congresos de las entidades federativas se unen a este proyecto para lograr que la medida se implemente nivel nacional. 

Constitucionalmente los partidos políticos tienen derecho a recibir, financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público, aunque algunos dirigentes no lo entienden.

Si realmente el ciudadano comprendiera en toda su extensión el significado de su voto, 
quizá otra sería las circunstancias del poder político en México. El voto bien pensado o el voto comprado con programas asistencialistas, cuenta igual. Uno tiene impreso la dignidad de la persona, el otro está manchado por quien vende, pero más por quien compra. Es que la expresión de la voluntad para elegir pasa por una manifestación de libertad.

No es libre quien emite un voto comprado. Se convierte en esclavo y actúa como mercenario de quien le pagó para votar por determinado candidato. El vende voto no tiene derecho a reclamar por lo que le sucede después de emitido, es cautivo de su necesidad. Un iluso que supone que quienes compran votos son buenas personas que en un futuro cercano cumplirán sus promesas de campaña. 

La vulnerabilidad de quien vende su voto, quizá no su voluntad, se satisface con los dichos de quienes buscan su amistad y le ofrecen su apoyo. Son esos inescrupulosos políticos que ponen todo de su parte para alcanzar sus propósitos personales, sin importar los intereses o las necesidades de la comunidad a la que dicen servir. 

De ese tamaño es la vulnerabilidad de las personas que son cooptadas por organizaciones y fundaciones que de cara a los procesos electorales, aparecen cada vez con más frecuencia. Son los nuevos paladines para proteger la naturaleza, que nunca les ha importado. Cuidar la riqueza de nuestros bosques, que nunca han cuidado. Apoyar a crear empleos, cuando desde sus espacios políticos es lo que menos importa. Que nuestras ciudades, a cual más en proceso de deterioro evidente se conviertan en paraísos turísticos, cuando las que ya están no reciben el apoyo oficial para atender a los visitantes. 

Son esas organizaciones con nombres ocurrentes las que empiezan a funcionar y acordarse en donde se encuentran los reservorios de la miseria. Es ahí donde la libertad se ha perdido en los escenarios donde la realidad es tan cruel que una torta o un refresco valen por 6 años de desgracias. 

La falta de equilibrio entre el ser y hacer son como atolladeros que los más necesitados cargan y ofrecen como oportunidad para aquellos que fundan partidos y asociaciones civiles para dejar que las cosas cambien para que sigan igual.

Si esos tuvieran un mínimo de vergüenza, un pequeño gesto de humanidad, dejarían de engañar a quienes esperanzados y azotados por la realidad, ocurren a cuanto evento masivo inviten o no. Como imaginar que serán buenos administradores del erario, si de antemano derrochan a manos llenas.

¿Cómo suponer que serán buenos políticos si traen como herencia el despilfarro y la corrupción como antecedente? Cuando es el ego el que distrae la atención de los problemas, todo lo demás es maquillaje electoral para un proceso donde el árbitro y los jugadores han perdido una parte de confianza de quienes si tienen la posibilidad de reflexionar sobre el tema. 

De los otros, algo severo llamado ignorancia o miseria, les impide ver que son presuntos engañados. Que la venta del voto no tiene más intención que elegir a quien durante un tiempo recibirá un buen sueldo pagado con los impuestos que quienes aún creen en las instituciones. Pero que las cosas seguirán igual, si no se toma en cuenta que estos barbajanes de la política siguen medrando con la miseria y la ignorancia y en ese sentido, es difícil comprender cuál de las dos es más vulnerable. 

Lo que sí es una verdad altamente verificable es que ser “guapo”, “joven”, o “junior” no es garantía de buena administración. Ya comprobamos que son tan o más corruptos que los que les antecedieron y han hecho pedazos los cada vez más disminuidos haberes que todavía tiene nuestro país. Esos son los que ahora andan en busca de ubicar dónde se compran los votos.

Hace algunos años, era común la práctica del voto gremial. Está documentado hasta la 
saturación cómo sindicatos e instituciones obligaban mediante amenazas a sus agremiados y trabajadores a votar por tal o cual candidato, obviamente del partido en el poder.

Era normal escuchar a ciudadanos quejarse de no poder votar libremente. Solían decir que la advertencia tenía que ver con perder el empleo o enojar al jefe o estar relegado para aspirar a un puesto de mayor nivel. Además el argumento más esgrimido era que gracias al partido en el poder, había trabajo, buenos servicios de salud entre otros beneficios… Los otros partidos eran de izquierda, comunistas y querían destruir la paz que ya existía.

Ese voto gremial no era discutido en asambleas o reuniones de trabajo. Simplemente se imponía y se acataba la orden de votar por quien ya había recibido el beneplácito de las altas esferas del sindicalismo. No por nada se decía en el exterior que en México éramos tan eficientes que con meses de anticipación sabíamos quien ganaría. Las votaciones eran solo un trámite.

En sentido contrario, bastaba un comentario de soslayo pidiendo una explicación de porqué la orden de votar por el ungido para que el impertinente preguntón tuviera problemas con sus compañeros si bien le iba, o con el dirigente o funcionario de inmediato mayor rango que el suyo, cuando no el despido.

Cuestionar las propuestas del candidato o intentar conducir una insubordinación, era mucho menos que imposible. Las indicaciones para votar por el favorito eran determinantes o de lo contrario había que atenerse a las consecuencias.

También fue el voto gremial, que por su trascendencia causó mayor furor cuando dejó de practicarse de manera descarada. Las cosas fueron evolucionando. Vinieron otros tiempos y los políticos modificaron sus métodos. Actualizaron sus estrategias y cooptaron de otra manera el proceso de elección.

No es que el voto gremial o institucional haya desaparecido del todo, lo que sucede es que paso a paso, en algunos casos muy lento, los ciudadanos han creado otras formas de informarse para ejercer su derecho al voto. Por cierto, el voto en toda su extensión, tiene ahora otras características que también afronta las influencias por la corrupción de instituciones, sindicatos y partidos.

Así no se puede pecar de ingenuo y entender, por ejemplo, cómo es que el sindicato petrolero tiene a un dirigente al que solo le falta ser electo como la flor más bella del ejido, pues ha ocupado los puestos de legislador desde hace ya tres décadas o más donde se ha incrustado como senador y diputado.

El voto en la actualidad, se consigue en muchos casos, a través de la compra de voluntades por medio de programas asistencialistas desde el poder. Son esos programas como PROSPERA, que los dirigentes de los partidos o sus influyentes agremiados selectos manejan a discreción y ya no solo en zonas marginadas.

Un voto razonado y un voto comprado, valen lo mismo a la hora de sumar resultados. Aunque su naturaleza sea indiscutiblemente opuesta y en conciencia sean diametralmente diferentes. Sin embargo, eso no parece conmover a quienes compran votos como una mercancía expuesta en el mercado del deshonor. El voto es la manifestación de una opinión. Es el juicio de un análisis de la voluntad de quien lo emite. 

A los políticos deshonestos les es difícil discernir esta manifestación de preferencia. Si con el voto gremial ordenado bajo amenaza, se sometía al ciudadano, en la actualidad esa sumisión viene a través de programas electoreros. No se puede hablar de democracia, cuando se deshonra y menosprecia a los electores.