• Hay dos líneas de investigación: una por amenazas de internos y otra por la comisión de delitos del hoy occiso contra menores de edad dentro del penal

• Se localizó un teléfono celular en su celda con imágenes de contenido sexual en agravio de menores de edad

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó los avances de la investigación por el homicidio de una persona privada de su libertad en el penal “El Amate”, ubicado en Cintalapa, quien este martes fue identificada por su hermano como Yudiel Flores Tovar. Agregó que, luego de la necropsia correspondiente, se determinó como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento, descartando el suicidio.

Explicó que, tras la noticia criminal mediante una llamada de la del área jurídica de dicho centro penitenciario, elementos del área de periciales y de investigación de la FGE, acudieron al penal y tuvieron a la vista a una persona del sexo masculino suspendida en una de las áreas; sin embargo, de acuerdo a las lesiones que presenta en el área del cuello, hubo un forcejeo, por lo cual es evidente que fue colocado en esa posición para tratar de desvirtuar los hechos.

El Fiscal General dio a conocer que se tiene dos líneas de investigación, una por posible venganza al interior del Amate, con un grupo de personas privadas de la libertad, que meses anteriores lo habían amenazado con lastimarlo por algunas rencillas personales.

Una segunda línea, detalló, es debido al hallazgo que se dio ayer al interior de la celda del hoy occiso, donde se encontró un equipo telefónico de su propiedad en el que, de acuerdo al dictamen tecnológico, se localizaron imágenes de contenido sexual donde seguía cometiendo actos delictivos, metiendo menores al interior de su celda y sosteniendo relaciones sexuales, es decir, cometiendo pederastia. 

Jorge Llaven señaló que se trabaja en la identificación de esos menores de edad, porque podrían ser hijos de otras personas privadas de la libertad al interior del penal, y podría haber sido una venganza de los papás. 

Es importante señalar que el occiso contaba con dos carpetas de investigación en Guatemala, con órdenes de aprehensión por delitos sexuales en agravio de menores de edad; asimismo, con una orden de aprehensión en Estados Unidos, es decir, había dos solicitudes de extradición, para que también fuera imputado y enfrentará a la justicia en estos países.

“Se están realizando desde el primer momento, todos los actos de investigación tendientes a esclarecer estos hechos y dar con él o los responsables de este homicidio, vamos a continuar con las investigaciones de este lamentable hecho y llegar hasta el fondo de la actuación de las autoridades penitenciarias; además, obteniendo información del contenido del teléfono, sabremos si hay más personas involucradas en esta red”, acotó.

Por su parte, el subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, José Octavio García Macías, precisó que dicho equipo celular posee una gran cantidad de información en materia de pornografía infantil.

Las imágenes corresponden a las fechas de mayo del 2024, septiembre del 2024, agosto del 2024, entre otras, fueron tomadas en su celda y contienen escenas de los menores de edad que fueron ingresados.

En este sentido, recordó que el caso de Yudiel deriva de una solicitud de la noticia criminal que emite el FBI por una detención en Australia de una de las redes mundiales más importantes de pederastia, donde logran identificar al hoy occiso quien se hacía llamar “Deimon blue” o “Demonio azul”: “De allí surge la carpeta que termina en una sentencia de aproximadamente más de 67 años, aunada a una sentencia anterior por violación a un menor de edad con autismo, originario de San Cristóbal de Las Casas”.

#FGE

Por falta de pruebas, la tarde-noche de este martes un juez absolvió a Juanita, de origen tzeltal de 18 años de edad, después de ser violada, fue acusada del delito de homicidio calificado, ahora ya se encuentra libre y se ha reunido con sus familiares, así lo informó la abogada Marcela Fernández, integrante de la Colectiva Cereza.

Destacó que este es un caso que se dio en el contexto de violencia objetivo que hay en San Cristóbal de Las Casas en contra de mujeres de pueblos indígenas que migran a la ciudad y que son víctimas de violencia sexual, "la joven ya había sido violentada a los 15 años de edad cuando llegó a esta ciudad de San Cristóbal”.

Afuera del Cerss número 5 de San Cristóbal, la abogada informó que la joven de 18 años, originaria del municipio de San Juan Cancuc, fue detenida el 14 de marzo de 2022 cuando estaba en un domicilio ubicado en el barrio de Guadalupe, de esta ciudad.

Agregó que en el domicilio en el que ella estaba se encontró el cuerpo sin vida de Juan “N”, y Juanita fue acusada por ese asesinato, durante el proceso el agente del Ministerio Público no tuvo ningún medio de prueba para acusarla de la responsabilidad penal.

Expresó que la tarde de este martes, un juez dictó sentencia absolutoria en su favor por insuficiencia probatoria y por la causa de la duda razonable, porque frente a los medios de prueba que aportó el agente del ministerio público, no hubo suficiencia para establecer su responsabilidad.

Por su parte la activista Patricia Aracil Fernández manifestó que la liberación de Juanita se logró por la argumentación del juez ante la insuficiencia de pruebas, pero la defensora pública, en coadyuvancia con la Colectiva Cereza aportó medios de prueba y acompañamiento, entre ellos un dictamen elaborado por una psicóloga clínica tzeltal, en el que se estableció que efectivamente. Juanita padeció la violencia sexual.

“Se demostró un estrés post trauma y la veracidad de la declaración de Juanita en cuanto a los hechos, aparte que se demostró un trastorno mental transitorio que se colocó en el juicio como una causa para establecer la duda razonable porque había diferentes escenarios que podrían haberse acreditado como teoría del caso y frente a eso el juez decidió absolverla”, mencionó.

Refirió que Juan “N”, era 30 años mayor que Juanita y con quien se había conocido en un parque, “la acosaba y llamaba sistemáticamente. El día de los hechos la engañó para que fuera a su cuarto, la encerró, le indujo a una intoxicación etílica grave y la atacó sexualmente”.

Finalmente, la Colectiva Cereza, afirmó que la mujer buscará justicia por la falta de investigación exhaustiva y de la diligencia que debieron de tener las autoridades para investigar la violencia sexual de la que fue víctima. "No lo hicieron, a pesar de que lo denunció ante diversas autoridades; el agente del ministerio público le tomó la declaración un año después".

Representantes de Promedios de Comunicación Comunitaria (ProMedios), el Colectivo Flor de Asfalto, la Colectiva Autónoma de Colaboración Social, entre otros, dieron a conocer que se han cumplido 130 días de huelga de hambre de los reclusos Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, internos en el Cerss 5, en San Cristóbal de Las Casas.

Y 10 en Comitán y que hasta la fecha, el estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. En conferencia de prensa, contaron que el pasado 15 de marzo, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de las cárceles para exigir justicia y libertad.

Así como para denunciar al estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, “tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia”.

 Indicaron que los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19.

Asi también solicitaron medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.

 Agregaron que Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses privado de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, mientras que Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011 y llevan 10 años, 10 meses, sentenciados a 75 años de prisión cada uno, “pagando por un delito que no cometieron”.

 Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura.

Mientras que Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.

 “Exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares", expresaron.

Finalmente pidieron  la especial atención e intervención del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan".