El dictamen fue turnado a la Junta Política para que lo discutan y en su caso lo voten; posteriormente Cuauhtémoc Blanco sería citado para comparecer ante el pleno del Congreso

El Congreso de Morelos dio lectura y turnó a la Junta Política la petición de juicio político contra el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, la cual fue presentada por el abogado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, para que el edil sea separado del cargo.

Con esta acción en las próximas horas podría la Junta Política podría sesionar y discutir el tema, para posteriormente votarlo y ver si reúne los elementos para ser turnada a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

Edwin Brito Brito, diputado del PRD y vocero de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, explicó “la Junta Política tendrá que determinar si está debidamente requisitada esta solicitud en tanto que requiera los elementos de prueba que aportan los solicitantes y en base a ello estará turnándolo a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para que haga un análisis ya puntual del mismo”.

A diferencia de otros juicios políticos en Morelos, este pasó rápidamente de la oficialía de partes al pleno y se espera que, de la misma forma, rápidamente sea discutido y analizado en la Comisión para que esta genere un dictamen en los siguientes días.

Cabe señalar que el periodo legislativo termina el próximo 15 de diciembre, pero podría ampliarse, con el propósito de que se analice la petición como ocurrió en la sesión de este lunes, en la que solamente se analizó el segundo procedimiento contra el edil para “suspenderlo definitivamente del cargo” y el juicio político.

Una vez que el juicio se encuentre en manos de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, se espera que el edil Cuauhtémoc Blanco sea citado para comparecer ante el pleno del Congreso, con el fin de defenderse de las acusaciones formuladas en su contra.

Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral.

Son señalados por su presunta responsabilidad de aprovechar su cargo para destinar servicios en apoyo a un partido político; los cuatro eran servidores públicos de Sedesol en Veracruz 

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra de cuatro extrabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz, durante la administración del exgobernador Javier Duarte, por desvío de recursos.

Al analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la federación, el juez determinó que existen los elementos suficientes en su contra para procesarlos por violaciones al artículo 407, fracción III del Código Penal Federal, en el que se establece que se castigará al servidor público que destine de manera ilegal servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, en apoyo de un partido político.

Se les atribuye haber destinado de manera ilegal servicios (Programas de Desarrollo Humano) a su cargo, durante el período comprendido entre los meses de marzo y abril de 2013, cuando asistieron a diversas reuniones de trabajo partidista, celebradas indistintamente en el municipio de Boca de Río, Veracruz”, explicó la Procuraduría General de la República (PGR).

 Los detenidos son el exdelegado, Ranulfo “N”; subdirector de Área, Felipe “N”; Enlace de Atención Ciudadana, Cesar “N”; y, Enlace Operativo, Graciela “N”, todos de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz, durante la administración del ex gobernador Javier Duarte.

Según la PGR, como funcionarios públicos participaron en la planeación de la campaña electoral de un partido político, al cual proporcionaban y ponían a su disposición información sobre los padrones de beneficiarios del programa social federal denominado “Oportunidades”, así como las listas de candidatos a ser beneficiados por el programa social “65 y Más” o “Pensión para Adultos Mayores”, con la finalidad de dar de alta,  incluir a dichos Programas y beneficiar con los mismos, a ciudadanos y ciudadanas que fueran afines a dicho partido político.

Con su actuación, los inculpados vulneraron el adecuado desarrollo de la función pública electoral que abarca la organización y realización de los procesos electorales, así como la equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral”, detalló la institución.

·         El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, negó que él haya autorizado un bono o aguinaldo extraordinario.

Ante la opacidad con la que se manejan las subvenciones extraordinarias, los diputados federales no saben si les han depositado un bono extraordinario de 150 mil pesos para el pago de apoyo al personal de gestión y aguinaldo por atención ciudadana; sin embargo, unos adelantaron que donarán el recurso público a fundaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, negó que él haya autorizado un bono o aguinaldo extraordinario.

Mientras tanto, la priista Ivonne Ortega, dijo que sí aceptará el recurso público y, al igual que lo ha hecho con el 50% de su sueldo de legisladora, lo donará a una fundación para apoyar con sus estudios a jóvenes.