• Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad del Pueblo informan resultados de operativos ante hechos delictivos en este municipio

• Hay siete personas detenidas, así como armas y vehículos asegurados

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informaron sobre los avances en las investigaciones y operativos derivados de los hechos ocurridos en dos bares del municipio de Villaflores, la madrugada del sábado. 

Al respecto, el Fiscal General señaló que se han recibido denuncias por la desaparición de ocho personas, lamentablemente, una de ellas, quien respondía al nombre de Sergio Enrique “N”, fue localizado sin vida. 

En cuanto a las tres personas del sexo femenino que laboraban en estos bares y resultaron lesionadas, precisó que los reportes médicos recibidos la mañana de este domingo, indican que se encuentran estables y continúan hospitalizadas; resaltó que se mantendrán pendientes de su evolución para, en su momento, recabar sus declaraciones.

Por su parte, Óscar Aparicio explicó que se detuvieron a siete personas, asegurándoles dos armas cortas, un arma larga y ocho vehículos, de los cuales, tres eran patrullas clonadas del Ejército Mexicano. Asimismo, se logró el rescate de una persona, quien ya se encuentra con sus familiares.

Gracias a las labores de investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, se obtuvieron imágenes del grupo que ingresó a Villaflores, y material visual correspondiente al momento en que se llevó a cabo el incendio de los bares, donde se observa a sujetos portando chalecos y ropa operativa táctica, así como armas de fuego, quienes privan de la libertad a personas del sexo masculino.

Es preciso mencionar que, en los municipios de Berriozábal, Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Jiquipilas, se desplegaron 500 elementos, dos helicópteros y un avión no tripulado, aunado a las herramientas tecnológicas que implementó la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.

Además, las autoridades mantienen una presencia importante de elementos en esas zonas, así como un operativo permanente para localizar a las personas desaparecidas.

Finalmente, el Fiscal General del Estado y el Secretario de Seguridad del Pueblo garantizaron que no habrá impunidad en estos lamentables hechos y estarán en constante comunicación con el pueblo chiapaneco para dar a conocer los avances de las investigaciones.

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La reciente detención de Yoel Alter, identificado por autoridades federales como integrante y operador de la secta Lev Tahor, vuelve a exhibir una realidad incómoda: la persistencia de estructuras criminales que operan durante años ante la mirada tardía o permisiva del Estado.

Alter es acusado de trata de personas y matrimonios forzados, delitos que, de acuerdo con las investigaciones, se cometían principalmente contra menores de edad, obligados a integrarse a un sistema de control absoluto bajo el disfraz de prácticas religiosas. No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi documentado internacionalmente, atribuido desde hace años a Lev Tahor.

La secta mantiene presencia en Chiapas al menos desde 2017, con reportes constantes de abusos, aislamiento, sometimiento de mujeres y niños, y el traslado irregular de personas entre países. En 2022, el rescate de 17 menores en las inmediaciones de Tapachula confirmó que las alertas no eran infundadas. Aun así, el grupo continuó operando.

El caso de Yoel Alter resulta especialmente inquietante porque ya había sido detenido en Guatemala, lo que plantea una pregunta inevitable:
¿por qué alguien señalado por delitos tan graves podía encontrarse en libertad y moviéndose en territorio mexicano?

La falta de una explicación clara por parte de las autoridades abre la puerta a sospechas de fallas en la cooperación internacional, vacíos legales o negligencia institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo lo pagan siempre los mismos: los menores de edad.

La prisión preventiva dictada contra Alter es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda sobre cómo y por qué Lev Tahor logró asentarse durante años en Chiapas, pese a antecedentes públicos, denuncias previas y rescates documentados.

Este caso no solo exige justicia penal. Exige también rendición de cuentas, porque cuando una red de abuso logra sobrevivir tanto tiempo, la responsabilidad no recae únicamente en sus líderes, sino también en quienes debieron impedirlo y no lo hicieron.

- Por hechos ocurridos desde septiembre de 2020

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Daniel “N”, como presunto responsable del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de dos menores de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos desde septiembre de 2020, en Tuxtla Gutiérrez.

El Juez de Control dictó la vinculación a proceso en contra del imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un mes de investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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