Luego de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, en los que se pintaron vehículos nuevos de una agencia

Adalberto Hernández Rabanales, coordinador del Consejo Central de lucha (CCL), dio a conocer que en la próxima marcha del 12 de octubre y en lo consecuente, realizarán vigilancias para evitar se realicen actos vandálicos, luego de los hechos suscitados el pasado 2 de octubre en el que se pintaron vehículos nuevos de una agencia.

En conferencia de prensa, Hernández Rabanales aseguró que teme ser detenido por la policía, ya que es uno de los líderes del magisterio y porque aparentemente existe una denuncia por parte del gerente de la agencia Chevrolet.

Supuso que quienes cometieron los actos contra la empresa de autos, “son infiltrados del gobierno, pues las pintas y demás se dieron después de pasar por el Mercado José Castillo Tielemans, donde fue detenida una persona, presuntamente por elementos de la Policía Municipal”.

Por su parte, Cupertino Cameras Trujillo, del Consejo Central de Lucha (CCL) de la Región Altos de Chiapas, en representación de las organizaciones que conforman la Asamblea Popular de los Altos de Chiapas (APACH), se deslindó de los actos vandálicos realizados en la marcha del pasado 2 de octubre en la zona sur de San Cristóbal.

Al dar lectura a un comunicado, dijo que en la marcha “confluyeron otras fuerzas ajenas a la APACH Y a los estudiantes de Ciencias Sociales, por lo que nos deslindamos de las acciones que se desarrollaron en la empresa Chevrolet, pues no fue un acuerdo de la instancia de coordinación de la APACH, donde consideramos que quienes desarrollaron esas acciones fueron infiltrados enviados por el gobierno municipal, estatal y federal”.

Dejó en claro respetan todas las formas de lucha y expresión de protesta en contra del gobierno, pero también “todo aquello que no es un acuerdo se vuelve una provocación del estado”.

Aseguró que las organizaciones que integran la APACH, tienen muy en claro la intención del estado de querer desprestigiar las acciones políticas de protesta que se generan desde los movimientos populares.

“Ante esto, les respondemos que no nos intimidan con sus señalamientos, tanto a la APACH, al CCL, como también los señalamiento directos al coordinador regional de los Altos, Adalberto Hernández Rabanales y a Carlos Burguete de la APACH, ante esto responsabilizamos a los tres niveles de gobierno”, sumó Cameras Trujillo.

Responsabilizó además a quienes publican las notas de señalamientos hacia sus compañeros de lo que pueda pasarles.

Adelantó que no dejarán de tomar las calles y que están preparando una serie de movilizaciones en el marco de la Agenda Nacional de Movilizaciones de la CNTE, para el 12 de octubre, así como los días 26 de cada mes, el 20 de noviembre y el 1 de diciembre.

Finalmente, convocaron a todas los sectores a participar  a la marcha del 12 de octubre, que partirá de la Unidad Administrativa hacia la Plaza Central, a las cuatro de la tarde en San Cristóbal de las Casas.

“Son infiltrados del gobierno, pues las pintas y demás se dieron después de pasar por el Mercado José Castillo Tielemans, donde fue detenida una persona, presuntamente por elementos de la Policía Municipal”.

* Se reúnen estudiantes de todo el país para analizar las reformas, en San Cristóbal

Inició en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) el Coloquio Nacional denominado “la Reforma del Estado y el derecho penal en México”, organizado por la citada universidad.

Las actividades donde se abordan temas como Reformas Constitucionales y el Centenario, Reforma del Estado, interpretación constitucional y neo constitucional, Interpretación conforme y principio pro personas en la impartición de justicia, además hoy jueves analizarán el tema Fortaleza y debilidades del Proceso Acusatorio, entre otros, que concluirán hoy mismo.

Durante la mesa de análisis del tema “Reforma del Estado, interpretación constitucional y neo constitucional”, el catedrático de la UNACH, Artemio Molina Utrilla, consideró necesario actualizar la constitución política, ya que se tiene el antecedente que ha recibido 642 reformas, 40 mil palabras y solamente el artículo 41 que habla sobre materia electoral tiene cuatro mil palabras “entonces en ese sentido es necesario una actualización”.

Señaló que a meses de cumplirse cien años de la Constitución, el 5 de febrero del 2017, hay artículos en los cuales es necesario sustraer algunos procedimientos a reglamentos internos, es decir “a hacer reglamentos y sacarlos de la constitución”.

“Hay palabras que se utilizaron desde que se hizo yse reformó la Constitución de 1917, y ahora se utilizan con un lenguaje del siglo 21. El instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM está haciendo un estudio en el cual, hace una armonización de lo que son los artículos, los preceptos para hacer una constitución mucho más moderna en ese sentido”, añadió.

Molina Utrilla hizo hincapié que entre los avances establecido en la Carta Magna, es en materia electoral, “por ahí se tiene el antecedente que en reforma electoral, hemos tenido lo que es la institucionalización de estos derechos, en el sentido que hoy, en este siglo se gozó con el derecho del voto a la mujer, también de que los órganos electorales son vigilados por el instituto Nacional Electoral (INE)”.

“La Reforma Penal se tiene mucho avance en el sentido de que hoy vemos un procedimiento de carácter oral y finalmente lo que es la reforma de los derechos humanos”, acotó.

“Nuestra constitución se tiene que alinear a lo que son los instrumentos internacionales, tenemos dos órganos internacionales que es la Comisión y la Corte Interamericana que vigilan constantemente, por ahí tenemos el control de convencionalidad que los jueces están obligados a aplicar en nuestro país”, aseveró.

Afirmó que los derechos humanos han tenido avances sustanciales porque ya se aplican, tales como el divorcio voluntario, “está quedando en desuso, si en su caso la pareja no se pone de acuerdo, anteriormente se iniciaba el escrito inicial de demanda de lo que era el divorcio voluntario y cuando iba para sentencia quedaba todo sin efecto, se iban a lo que es procedimiento del divorcio necesario y se pasaban años, hoy en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se puede promover lo que es un divorcio sin causa”.

Finalmente hizo mención que según estudios hechos por la UNAM, casi el 90 por ciento de la población en México desconoce lo que es la Constitución, “ se ha visto que conocen algunos tópicos, peor lo que es la constitución en sí, y eso hace la preocupación  de que no conocen sus derechos y nos los hace valer” 

A pesar de los esfuerzos aún se transgreden los derechos de este sector vulnerable en el estado y el país, señaló Ana García, del IMDHD

Ana García Núñez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), aseguró que tanto el marco jurídico como el presupuestario en el estado de Chiapas, se transgreden los derechos de las personas con discapacidad, así como su derecho a la igualdad y la no discriminación, limitando con ello su plena inclusión en la sociedad, en igualdad de oportunidades.

“La inclusión de Las personas con discapacidad en Chiapas es un mito y más allá de discursos y leyes inconsistentes con las estándares internacionales, la realidad nos confirma su exclusión en todos los ámbitos de la vida social. En consecuencia, para evitar que se sigan violando los derechos humanos de las personas con discapacidad en Chiapas, exigimos se destinen recursos para desarrollar la infraestructura y las capacidades institucionales para la protección de las derechos de las personas con discapacidad”, refirió.

En conferencia de prensa, demandó a la Secretaría de Hacienda del estado, designe un presupuesto para la elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión Social de Las Personas con Discapacidad, así como todas aquellas políticas públicas vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad, con enfoque de derechos humanos y de género, para combatir y eliminar la situación de discriminación estructural a la que se enfrentan.

Pidió al Congreso del Estado un ejercicio plural e incluyente que promueva una reforma integral a la Ley para la Inclusión de Las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, que la armonice con los estándares internacionales de derechos humanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Exigió al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el ámbito de sus atribuciones, genere y promueva políticas, proyectos o acciones encaminados a prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Chiapas.

Al cumplirse el primer aniversario de la promulgación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas, manifestó su preocupación por las omisiones de las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

“A un año de la promulgación de la referida ley, ésta no tiene un reglamento y ello limita las posibilidades para la programación de un presupuesto para el diseño, ejecución y evaluación del Programa Estatal para el Desarrollo e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad; igualmente grave es que la ley no está armonizada con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, mencionó García Núñez.

Al dar lectura a un pronunciamiento, aludió que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, las personas con discapacidad, sumaban para ese año 5.7 millones de personas, las cuales representan el 5.1 por ciento de la población total.

Al referirse a Chiapas, datos para ese mismo año, estimaron que existía una población de 167 mil 685 personas con discapacidad, la cual representa el 3.5 por ciento de la población total del estado, calculada en cuatro millones 788 mil 162.

“En contraste con los datos del Inegi, el padrón de personas con discapacidad del Sistema DIF en Chiapas, solo reconoce una población de 56 mil 703 personas con discapacidad. Un principio fundamental para el diseño de marcos legislativos y políticas  públicas son los diagnósticos con información sólida y confiable respecto a la población objetiva de las mismas”, acotó.

Anotófinamente que con la citada ley se crea el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Las Personas con Discapacidad; sin embargo, con base en diversas solicitudes de información pública presentadas al gobierno del estado, puede confirmarse que no existe evidencia documental contundente sobre la instalación de dicho Consejo, ni la disposición de presupuesto para la ejecución del programa estatal.