Diversos representantes de defensoras de derechos humanos y familiares radicados en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, demandaron la liberación de cuatro mujeres acusadas de trata de personas, detenidas en el contexto de las investigaciones que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar al niño Dylan Esaú Gómez Pérez.

En conferencia de prensa urgieron la reintegración a sus familias de 23 menores de edad que se encuentran resguardados en el DIF estatal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como el esclarecimiento de la muerte de Adolfo Gómez, quien apareció muerto el pasado 27 de julio en una celda del penal número 5 de San Cristóbal.

Mencionaron que sobre las investigaciones para encontrar a Dylan Esaú, localizado finalmente el pasado 13 de agosto, la Fiscalía de Chiapas informó hace tres semanas que “desmanteló una red de trata de personas” en la zona norte en San Cristóbal y se detuvo a tres mujeres, además de “rescatar” a 23 menores de edad.

Al respecto, Enereida Gómez Sánchez, madre de cinco de los 23 menores “rescatados”, dijo que las mujeres detenidas son: su hermana María Hortensia y sus cuñadas, Juana Montejo González y Maribel Gómez Sántiz, madres del resto de los menores.

Externó que fueron detenidas su madre Josefa Sánchez Gómez y su padre Adolfo Gómez, quien apareció muerto dentro del penal, con señales de golpes, sin que hasta la fecha se haya esclarecido la forma en que falleció.

Agregó que, en la casa cateada por agentes estatales a mediados de julio pasado en San Cristóbal, vivían cinco familias que se dedicaban a vender artesanías en las calles de la ciudad, y que debido a que no tienen con quien dejar a sus hijos, los llevan con ellos.

“Esto es una injusticia lo que nos hacen porque no hemos cometido ningún delito”, agregó Enereida, y que cinco de los menores que la policía dijo haber rescatado, son sus hijos; cuatro de su hermano Aníbal Gómez Sánchez; cinco de su otro hermano Ever y cinco de María Hortensia, los 23 menores, 20 de ellos están resguardados en el DIF estatal, y tres más con sus madres en el penal de El Amate.

Afirmó que el martes pasado le entregarían a sus hijos, pero el proceso no se concretó debido a que sus actas de nacimiento tienen algunos errores en los apellidos.

Finalmente, Enereida exigió que sean liberadas las mujeres, devueltos los menores a sus familiares y que se investigue la muerte de Adolfo, a esta petición se unieron  Melel Xojobal, la Colectiva Cereza y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

 Jennifer Haza Gutiérrez, directora general de La organización Melel Xojobal, exigió a las autoridades investigar a fondo el hallazgo de los 23 niños y las tres mujeres quienes fueron señaladas de tratantes de menores que operaba en esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

Haza Gutiérrez, indicó que esta es la primera investigación que resulta en el hallazgo de esta casa donde estaban 23 niños y niñas, que supuestamente estaban siendo explotados por estas personas mientras vendían artesanías.

Exigió que debe de haber una mayor investigación para saber de los infantes ¿quiénes son?, ¿dónde están sus familias?, ¿si había reportes de desaparición? ¿si tienen alguna relación de parentesco con las personas con quienes las encontraron? y ¿si hay más personas involucradas?.

“Es prematuro hablar de un desmantelamiento de trata por el arresto de estas mujeres encontradas en esa casa a cargo de estas niñas y niños, me parece que es prematuro, creemos que es necesario tener más información de lo que estaba sucediendo; cómo llegaron las niñas y los niños a ese espacio con esas personas a realizar esta actividad”, aseveró.

Expresó que es importante que a partir de este momento no se generalice, no se estigmatice a todas las niñas y niños que trabajan en el espacio público y en los mercados con las familias.

Finalmente destacó que las autoridades en los tres órdenes de gobierno, están obligados a proteger a los niños, niñas y adolescentes, porque no se sabe si están obligados a trabajar o los padres les dan permiso, pero la autoridad debe estar pendiente para que los menores no sean explotados.