Integrantes de la etnia zoque de Chiapas se oponen a que se entreguen contratos a empresas extranjeras para la exploración y extracción de hidrocarburos en la zona que habitan, como parte de los bloques 10 y 11 de la ronda.

La licitación de 84 mil 500 hectáreas en el norte y centro de Chiapas ha provocado un nuevo movimiento de resistencia indígena en la entidad.

A más de 20 años del levantamiento zapatista, es ahora la etnia zoque la que se opone al otorgamiento de contratos a empresas extranjeras por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para la exploración y extracción de hidrocarburos en su territorio.

Este grupo de pobladores se encuentra coordinado por la Alianza Mexicana Contra el Fracking, pese a que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) negó que se vaya a llevar a cabo esta clase de perforación horizontal en la región.

Se trata de los bloques 10 y 11 de la llamada Ronda 2.2, que incluirían a municipios como Ixtacomitán, Francisco León, Chapultenango y Tecpatán, en donde comunidades zoques organizan protestas en las calles y recolectan firmas en oposición a la entrada de los proyectos.

De acuerdo con la CNH, la inversión estimada por cada una de estas áreas contractuales será de 330 millones de dólares aproximados por ambos bloques.

Se calcula que se podrían extraer hasta 437.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de estos bloques. Equivalentes a 218 días del total de producción nacional actual, de confirmarse con más perforación, estima la CNH.

Este fin de  semana inició la campaña internacional para exigir la liberación de la activista Silvia Juárez, quien se encuentra recluida por orden del alcalde de Tecpatán,  Armando Pastrana Jiménez. 

Es de recordar que el pasado  13 de febrero del 2017,  los pobladores del municipio realizaron una protesta contra el edil a quien reclamaron por el uso indebido del recurso público.

Ante ello, la respuesta del alcalde Pastrana fue la represión con el uso de la fuerza pública, así como la detención de quienes encabezaban la protesta. 

Silvia fue una de los detenidas por su oposición a la explotación del petróleo que pretenden realizar empresas extranjeras en 84 mil hectáreas de la zona Zoque de Chiapas, proyecto en el que el alcalde tiene intereses económicos personales. 

Así mismo, 23 líderes que encabezan el Movimiento en Defensa del Territorio y Recursos Naturales de la Parroquia Santo Domingo de Guzmán de Tecpatán,  cuentan con orden de aprehensión. 

La activista se encuentra recluida en el Penal El Amate de Cintalapa de Figueroa, sin motivo aparente. El Centro de Derechos Humanos Frayba lleva el caso en el que aseguran el alcalde es quien ha orquestado la represión contra los activistas que se oponen al saqueo del territorio Zoque. 

Por ello han emprendido la campaña nacional e internacional para exigir la liberación de la activista considera una presa política,  víctima de Armando Pastrana Jiménez y de los intereses capitalistas. 

HECHOS

En agosto de 2016, iracundos pobladores de la comunidad El Narando retuvieron al alcalde Pastrana por más de diez horas. Lo acusan de incumplimiento a compromisos de campaña, nepotismo y corrupción.

Habitantes del municipio de Tecpatán, ubicado en el centro del estado, quemaron el edificio de la Presidencia en protesta porque el edil no dio respuesta a las demandas de infraestructura.

De acuerdo a trabajadores de la presidencia, el edil, Armando Pastrana Jiménez, fue acusado del uso indebido de recursos públicos por las comunidades. Cuando llegaron a reclamarles, policías municipales intentaron desalojarlos.

“La gente se enojó y empezaron a prenderle fuego a los documentos que encontraron a su paso. Sacaron muebles al patio y los destruyeron”, explicaron. Quebraron cristales y saquearon papelería del edifico gubernamental. También incendiaron la estación de policía.

*Armando Pastrana Jiménez, de Tecpatán, gobierna con órdenes de aprehensión en la mano y apoyado de la policía para reprimir a quienes protestan por su pésimo gobierno

 El Partido del Trabajo se pronunció por la liberación de la activista Silvia Juárez Juárez, del municipio de  Tecpatán, a quien el alcalde de ese lugar  Armando Pastrana Jiménez mandó encarcelar porque ésta encabezaba la lucha en contra de la actividad minera en ese municipio.

En tal cuestión, Mario Humberto Vázquez, Coordinador en Chiapas del Partido del Trabajo (PT), manifestó que procederán legalmente para lograr la libertad de la activista defensora del territorio en el municipio de Tecpatán, Silvia Juárez Juárez, acusada de tres delitos que no cometió, y que en la actualidad la mantienen recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, en Cintalapa.

En entrevista con este rotativo, culpó al Alcalde de dicha localidad de la Zona Zoque, Armando Pastrana Jiménez, de señalar a la líder del Comité de Padres de Familia en esa región como desestabilizadora, cuando lo único que ha hecho, aseguró, es luchar y defender lo que al pueblo le pertenece, como lo hacía contra el proyecto de extracción de hidrocarburos que se ejecutará en breve.

Además, refirió que no sólo ella está en problemas, sino que las autoridades ya giraron órdenes de aprehensión en contra de otros 30 compañeros que también están en el movimiento de resistencia, “no se vale lo que hacen, sólo para reprimir a quienes exigen sus derechos”.

Como Silvia Juárez es parte del PT, Mario Vázquez afirmó que la apoyarán e incluso procederán legalmente en contra de quienes provocaron su encarcelamiento, “el cual, insisto, es injusto, no hay pruebas, y no se vale que Pastrana señale así porque sí; él es el responsable de que la compañera esté ahí”.

Recordó que Silvia Juárez siempre ha estado en las luchas sociales, “comenzó antes del pasado proceso electoral, porque se manifestaron contra los altos cobros de energía eléctrica, e incluso el pueblo y ella sacaron un candidato independiente, y también ha respaldado a los maestros democráticos y está pendiente de toda acción en beneficio del pueblo”.

El que la activista esté encarcelada, consideró, es un asunto meramente político, “le inventaron una serie de cosas para callarla, mantenerla quieta, que no denuncie, que no hable, pero confiamos que la autoridad estatal le pondrá un alto a Armando Pastrana, porque este caso podría detonar una serie de actos violentos en esa región”.