El pasado 2 de julio también se informó que una mujer fue sometida en el 2017 a 30 sesiones de quimioterapia innecesarias, pues fue diagnosticada erróneamente con cáncer por dos médicos oncólogos del Hospital General de Zona (HGZ) No. 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de San Luis Potosí, reveló una investigación de la CNDH.

El problema inicial consistía en un tumor con dimensiones de dos centímetros que no era maligno, y que después de seis meses cuando se detectó el diagnóstico erróneo, éste creció a 10 kilogramos.

Los doctores del HGZ No. 50, “detectaron” tumor de células gigantes de hueso y sometieron a la paciente a quimioterapia innecesaria.

Debido a la mala praxis, la usuaria requerirá cuidados y tratamientos especiales por tiempo indefinido, los cuales deberá proporcionarlos el IMSS como consecuencia directa “de la inadecuada atención que recibió”.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la Recomendación 117/2022 a Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS. El instituto informó, ese mismo 2 de julio y por medio de un comunicado, que ya está analizando la recomendación emitida.

Una #Mujer fue sometida a tratamientos de quimioterapia basados en un diagnóstico equivocado en el HGZ-50 del @Tu_IMSS. Por ello, emitimos la #Recomendación 117/2022.

Puedes consultarla aquí ???? https://t.co/BhfAdBOd17#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/OAshN9PL7z

— CNDH en México (@CNDH) July 1, 2022

Organizaciones Civiles solicitaron al gobierno federal garantías de seguridad para los presos en los centros penitenciarios de Chiapas luego de la muerte de dos internos por arma de fuego en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Cerss 5,  suscitado el pasado 5 de abril de este año.

El Comité Popular en Defensa de los Derechos Humanos (COPODDH), externó que ha solicitado a la CEDH y CNDH  estar pendientes de la investigación de esos hechos para que los responsables materiales e intelectuales sean castigados y no se quede en la impunidad como tantos otros casos.

Los demandantes responsabilizaron al  gobierno por la integridad física de los presos políticos e internos del CERSS 5, después de los hechos violentos donde murieron dos tzotziles.  

Las organizaciones externaron la preocupación de los presos comunes de que se vuelva a repetir una situación de ese tipo, dónde sin lugar a dudas las autoridades carcelarias tienen que ver con la problemática al permitir la entrada y el uso de armas de fuego y otros tipo de armamento de uso exclusivo de la policía y el ejército al interior del penal.

Cabe destacar que en diversas ocasiones desde ese penal, reclusos y sus familiares han denunciado los tratos crueles e inhumanos por parte de algunos presos con privilegios y protección de la autoridad, también se ha denunciado extorsiónción de esos mismos sujetos hacia los presos y sus familiares, todo bajo el amparo de la autoridad.

A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5 mil 023 personas ocurrido en octubre de 2017, mujeres y hombres  así como el Comité Chalchihuitle, (Chalchihuitán), continúan denunciando la falta de justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

A través de un comunicado, recordaron que el gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al presidente municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones, “sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos en total mil 237 personas”.

“Durante estos tres años y hasta ahora siguen latentes los ataques paramilitares de San Pedro Chenalhó, y los gobiernos en turno en sus tres niveles no han cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicaron.

Por ello desde las montañas, cerros y cuevas donde permanecen los desplazados, exigieron al gobierno de la república desartícule, desarme y castigue a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, del robo de pertenencias y la destrucción de casas, además urgieron la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.

“En este tiempo que llevamos sufriendo, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados, no hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables”, denunciaron.

Así también el Comité de desplazados, dio a conocer que hay un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, y que los gobiernos no han realizado acciones de prevención, investigación y seguridad, desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.

“Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle, las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias, nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto; les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables”, acotaron.