Lo sucedido este domingo en el Estado de México deja espacio a reflexiones que 
van más allá del presunto fraude y la elección de Estado. Pone nuevamente sobre la mesa de análisis una práctica social de fondo, añeja, recurrente en los procesos electorales y entrañablemente ligada a prácticas de origen priista, que lamentablemente aún determina los resultados y consuma fraudes electorales en México: la complicidad e indiferencia ciudadana.

Y es que, los partidos y los gobernantes corruptos, apoderados de las instituciones, no ganan solos las contiendas electorales. Sería deshonesto arrojar todas las culpas al aparato gubernamental, sin asumir las responsabilidades que como ciudadanía tenemos por hacer posibles tan indignantes fraudes. Finalmente, para facilitar la maquinación de los movimientos fraudulentos se requiere de ciudadanos dispuestos a participar en ella.

Para muestra está el mismo ejemplo reciente del Estado de México, ahí donde, pese a la corrupción, inseguridad, pobreza, autoritarismo y descontento social, hubieron más de un millón 900 mil personas que acudieron a las urnas para votar por el mismo partido gobernante. Con cifras infladas o no, se trata de una numerosa cantidad de votantes que decidieron mantener al partido de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila en la gubernatura.

Si bien la compra de votos o promesas de beneficios futuros podrían ser una justificación a semejante cifra. La sola idea de que la causa para acudir a las urnas esté ligada a la corrupción misma provoca el más profundo desconcierto. En este caso culpar a la ignorancia ya no resulta coherente. Las errores y pésimos resultados de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila son ya ampliamente del dominio público.

Quienes votaron este domingo por Del Mazo sabían perfectamente que votaban por la corrupción, la inseguridad y el autoritarismo cínico. Lo hicieron a conciencia, por conveniencia o no. Tampoco se pude culpar a la pobreza. El argumento está francamente rebasado. Ser pobre no es sinónimo de corrupción o deshonestidad. Muchos desde las carencias y la necesidad económica también votan con argumentos y bases éticas. Dejemos ya de generalizar y justificar.

Se trata de una práctica normalizada entre un sector que sabe de la corrupción de fondo y está dispuesta a participar en ella de manera activa, movilizando a vecinos, llenando eventos o simplemente saliendo a vender su sufragio bajo el trillado argumento de que “finalmente las cosas no van a cambiar nunca”.

A lo anterior súmele usted a los millones que ni siquiera salen a votar (casi el 50 por ciento de la lista nominal), paradójicamente, bajo la misma justificación de los que comercializan con su voto.  Aunque duela reconocerlo, la corrupción, deshonestidad e indiferencia ciudadana son pieza indispensable para consumar esos fraudes electorales que hoy tanto nos indignan.

No se equivoca aquella conocida frase de Joseph de Maistre que segura que “cada pueblo o nación tiene al gobierno que se merece”, pues, finalmente, mientras existan masas numerosas de votantes corrompidos, dispuestos a declinar balanzas electorales, seguirán emanando de ellas gobiernos igual de corruptos.

En el marco de la declaratoria de junio como el mes para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes por parte del Congreso del Estado, el secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, enfatizó que se reforzarán las acciones en los municipios de alta prioridad, que son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo.

Al presidir el evento alusivo en la sede del Poder Legislativo, el funcionario estatal dio a conocer que se pondrán en marcha intervenciones puntuales para reducir los embarazos no planeados, posicionar el programa de Planificación Familiar y garantizar el acceso a información, orientación y servicios de calidad.

Ortega Farrera recalcó que focalizar las actividades en esos cuatro municipios de alta prioridad que presentan el mayor número de nacimientos y la mayor tasa de fecundidad, redundará en disminuir hasta un 50 por ciento el número de embarazos en adolescentes.

Por su parte, el director general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Eduardo Pesqueira Villegas, mencionó que en México existen 23.2 millones de adolescentes, lo que representa el 18.3% de la población.

Aplaudió la iniciativa del Congreso de Chiapas, que visibiliza la problemática sobre el número creciente de embarazos que se presenta cada año entre el grupo poblacional que comprende de los 10 a 14 años, así como de los 15 a 19 años de edad.

El funcionario federal expuso que en 2015 se registraron 415 mil 398 nacimientos en niñas y adolescentes menores de 19 años, de los cuales más de 10 mil fueron en el grupo de menores de 14 años, lo que significa que cada día nacieron 28 bebés en niñas de esta edad.

En tanto, la diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso local, Viridiana Figueroa García, recordó que el pasado 25 de mayo el pleno legislativo aprobó el proyecto de decreto por el que se declara el mes de junio de cada año para la prevención del embarazo no planificado en adolescentes, considerando que éste representa un riesgo para la salud, ya que las jóvenes no mayores de 13 años tienen mayor probabilidad de perder la vida durante el parto.

“Chiapas ocupa el primer lugar en embarazo en niñas de 12 años y el tercero en madres jóvenes de 15 a 19 años”, señaló la legisladora.

Fuero y  diputados: ¿Harán historia?

            ¿En dónde estriba la valía de la propuesta del diputado Carlos Penagos Vargas con respecto a la eliminación del fuero en Chiapas?

            En dos razones de mucho peso: el hartazgo colectivo por tanta impunidad y la urgente necesidad de rescatar la credibilidad en las instituciones que gobiernan y dirigen los destinos del pueblo, más allá de partidos o de sectarismos doctrinarios.

            Hacía tiempo que en Chiapas no escuchábamos propuestas y discursos políticos vinculados a la coherencia como los que pronunciaran Don Fray Matías de Córdova o el abogado Manuel Larráinzar Piñeiro.

            Desde que Enoc Hernández Cruz en su calidad de diputado dio una batalla legal épica y dogmática en el Congreso local en defensa del honor y el respeto avasallados por la tiranía gubernamental en la época de Sabines Guerrero, en Chiapas estábamos necesitados de un parlamentarismo innovador y convincente, ceñido a la legalidad que se pide en los pueblos y en las comunidades.

            Es Penagos Vargas un legislador de ideas progresistas  porque, más allá de las ambiciones personales o de pandillas políticas, ha lanzado dos iniciativas que se ajustan a los intereses de la sociedad.

            La primera fue el no cobro del estacionamiento  en las plazas comerciales de Tuxtla Gutiérrez y la segunda, la más liberal, abolir el fuero que gozan los servidores públicos.

            El fuero data de la Edad Media porque su función era forjar y mantener un contrapeso en el ejercicio del poder. Permitía a los funcionarios opinar y contravenir garantizando la gobernabilidad frente al abuso o el cesarismo gubernamental.

            ¿Qué ha pasado a lo largo de los días? El fuero se convirtió en un pasaporte a la impunidad quebrantando su esencia. Muchos delitos se han cometido al amparo de esa figura que, incluso, se ha puesto al servicio del crimen organizado.

            (Recordemos los casos de Jorge Díaz Serrano, de René Bejarano, el señor de las ligas; de Julio César Godoy Toscano y, el más repugnante y escandaloso que ejemplifica los niveles de podredumbre que envuelven al fuero, es el de la diputada panista por el estado de Sinaloa Lucero Sánchez, ligada al Chapo Guzmán).

            Honrar la igualdad, eliminar privilegios indebidos y recobrar la confianza ciudadana es sine qua non de una clase política moderna y democrática comprometida con el pueblo.  Hoy la tendencia es hacia el reformismo político para insertar a Chiapas a los grandes cambios que se dan en el mundo, sobre todo en Europa en la era de Emmanuel Macron.

            Sin populismos ramplones ni parloteos hipócritas, este Congreso hará historia porque la rendición de cuentas, la transparencia y el combate férreo a la corrupción y a la impunidad por fin han de formar parte de la vida política y la administración pública en Chiapas.

            El pueblo es el único patrón.